Becerril ve “insuficientes” los avances para proteger a deudores hipotecarios

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, denuncia que, pese a los avances para proteger a los deudores hipotecarios, estos siguen siendo "insuficientes". Becerril ha presentado este jueves al Parlamento el informe de 2013, en el cual pide medidas que faciliten "a los deudores de buena fe una negociación con las entidades acreedoras". En la memoria anual, de 493 páginas, la defensora también advierte del "alarmante" aumento de impagos por la subida del recibo de la luz y dice que reclamar ante el Banco de España por las prácticas de las entidades "no sirve para nada".

La institución ha realizado una comparación de las distintas las leyes hipotecarias de países de la UE. Como resultado, la defensora ha concluido que la legislación española debe ser revisada para evitar un mayor número de desahucios. La idea es procurar llegar a un acuerdo para que se alargue el periodo de pago del deudor, "se trata de aliviar la carga financiera de las familias más endeudadas y evitar su exclusión social".

Las famosas preferentes son un tormento para muchos. La institución ha recibido múltiples quejas de los afectados por estos productos bancarios, según explica Becerril. El problema es que muchas veces, las denuncias de los clientes llegan al Banco de España y, aun cuando queda acreditada la mala práctica bancaria, no constituye la base para incoar ningún expediente sancionador a entidad financiera alguna. En consecuencia, no se consigue proteger a los clientes, ya que "no evita que los ciudadanos tengan que acudir a un procedimiento judicial o arbitral para ver satisfecho su derecho, o desistir, dado el coste que supondría".

La Defensora del Pueblo alerta de la subida de la factura de la luz, la cual está aumentando de forma "alarmante" el impago de las facturas y las suspensiones del suministro eléctrico. Los datos publicados cifran en 1,4 millones las viviendas que sufrieron cortes de luz por impago o demora en el pago en el año 2012. Según esta institución, en otros países han acordado "una tregua invernal" para impedir que las compañías interrumpan el suministro en los meses de frío, y exista durante ese tiempo un mínimo de cobertura de subsistencia a las personas en riesgo de exclusión social.

La memoria anual presentado en 2012 ponía el acento en la situación económica que atravesaba España. Este año, según comienza Becerril el informe actual, aquellas circunstancias no han cambiado casi nada, las dificultades económicas continúan aunque “las perspectivas de los últimos meses pueden alentarnos para tiempos venideros”. La institución tramitó en 2013 un total de 22.692 quejas, un 33,2% menos que el año anterior.