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La oposición pide un informe sobre el trámite exprés de la justicia universal

Los grupos cuestionan que esta tramitación ultrarrápida se ajuste al reglamento del Congreso

La oposición en bloque, salvo UPN y Foro Asturias, se ha unido para pedir a la Mesa del Congreso de los Diputados la elaboración urgente de un informe jurídico sobre el trámite exprés impuesto por el PP para archivar casi por completo la llamada justicia universal.

Los grupos parlamentarios han registrado este miércoles un escrito que solicita formalmente al órgano de gobierno de la Cámara baja un estudio sobre la petición de los populares para que la proposición de ley orgánica sea tramitada "en lectura única y por el procedimiento de urgencia". Concretamente, señala el escrito -firmado por el PSOE, CiU, PNV, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG, Amaiur y Geroa Bai-, los grupos dudan que este procedimiento se ajuste al reglamento, por lo que solicitan "conocer si se dan las circunstancias previstas en el artículo 150 para proceder".

En este contexto, el presidente del Congreso, Jesús Posada, concederá mañana un turno breve de cinco minutos para que los grupos expliquen en el Pleno su posición al respecto. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, fue el primero, durante la Junta de Portavoces de ayer, en pedir presencialmente un informe jurídico al considerar que el artículo 150 no permite aplicar ese tipo de tramitación a la reforma de una ley orgánica, en este caso la del Poder Judicial. Dicho punto ciñe la tramitación ultrarrápida al supuesto de que "la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita". Esteban, que ve "vergonzoso e inaceptable" este procedimiento, cree que el objetivo del PP "no es negociar", sino "cargarse la justicia universal".

El Ministerio de Justicia optó en cambio, por utilizar la vía de la proposición de ley del Grupo Popular, para sortear así el trámite de informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Si el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón hubiera recurrido al formato de proyecto de ley del Gobierno, por otro lado, esta reforma no habría entrado en vigor antes de verano. El Grupo Popular, por su parte, ya ha reconocido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende, con el archivo de la justicia universal, evitar conflictos diplomáticos con otros Gobiernos. De facto, el Ministerio de Justicia ha empezado a impulsar esta reforma después de que China trasladara su malestar por la investigación de la Audiencia Nacional a la cúpula del Partido Comunista por el genocidio del Tíbet.