Jueces ven difícil que La Haya investigue a ETA por crímenes contra humanidad

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) ha solicitado este lunes a la Corte Penal Internacional de La Haya, que investigue a dirigentes de Batasuna y a miembros destacados de ETA por crímenes de lesa humanidad, sin embargo, portavoces de diversas asociaciones judiciales ven muy difícil que dicha solicitud proceda, informa Efe.

Los representantes de las asociaciones judiciales consideran que la iniciativa de Covite no tiene encaje jurídico dado que España ya está investigando a ETA y todos los delitos relacionados con el terrorismo a través de la Audiencia Nacional.

Covite ha decidido solicitar este lunes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue a tres dirigentes de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi, y a ocho destacados miembros de la banda terrorista ETA por crímenes de lesa humanidad. Según la asociación "las investigaciones y condenas se han limitado a la búsqueda de autores materiales de determinados atentados, como si de hechos aislados se tratara, lo que denota una falsa disposición formal".

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, ha observado que se debe separar la repugnancia que puedan provocar los crímenes terroristas de ETA de la calificación jurídica concreta, ya que, en su opinión, no debe determinarse desde un punto de vista emocional sino jurídico. Para Joaquín Bosch las actuaciones de ETA y de Batasuna no tienen encaje jurídico en los crímenes de lesa humanidad, que están pensados para supuestos diferentes, y ha recordado que el Código Penal español castiga el terrorismo y los delitos relacionados con el mismo.

El portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha comentado que "las víctimas merecen todo el respeto pero no por ello tienen siempre razón". Ha destacado que la justicia española ha investigado hasta la saciedad a ETA y sigue haciéndolo y estima que esta iniciativa no tiene ningún encaje jurídico.

En opinión de Marcelino Sexmero en todo caso cabría acudir a un tribunal internacional para investigar crímenes de lesa humanidad en casos de países que no pueden investigar determinados delitos, pero no es el caso de España, por lo que según Covite debería haber presentado la denuncia ante la Audiencia Nacional. Ha considerado que las asociaciones de víctimas están haciendo política con una demanda de carácter más bien simbólico, lo que a su juicio puede ser disculpable, pero ha insistido en que esta iniciativa no tiene posibilidad de prosperar.

El portavoz de Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha subrayado que España tiene una jurisdicción que funciona a pleno rendimiento sometida al Código Penal español, y ha afirmado que es complicado que prospere la iniciativa de Covite, ya que, es muy extraño que la investigación de ETA y Batasuna encaje en la competencia del tribunal internacional. Ha estimado que es necesario dejar actuar a las instituciones jurisdiccionales nacionales ordinarias, lo que en su opinión es suficiente, y ha coincidido en que la iniciativa parece más bien encaminada a lanzar un "mensaje mediático y político".

Consuelo Ordóñez, presidenta de Convite, ha asegurado que su intención no es ni político ni mediático: "España jamás ha abierto una investigación contra ETA por lesa humanidad. No hemos encontrado amparo en el Código Penal español y por eso acudimos a La Haya". Ha asegurado que "en unos meses" la Corte Internacional les entregará la resolución.

Los once acusados por Covite son los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena, así como los integrantes de ETA Jose Antonio Urrutikoetxea (Josu Ternera), Jose Luis Eciolaza (Dienteputo), Tomás Elorriaga (Teo), Juan Cruz Maiztegui (Pastor), Eusebio Arzallus, Rafael Santiago Azcolain, Iratxe Sorzabal y David Plá.

Covite ha explicado en su escrito dirigido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que todos ellos propiciaron la comisión de crímenes de lesa humanidad que no han prescrito. Han afirmado que consistieron en un ataque sistemático contra la población civil sin que hubiera un conflicto armado, puesto que nunca intervinieron las fuerzas armadas.