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UPyD fuerza una votación en el Congreso contra el plan secesionista de Mas

La moción pide utilizar los instrumentos legales contra el Gobierno catalán

Rosa Díez conversa en el Parlamento con Alfredo Pérez Rubalcaba, el pasado 11 de diciembre.
Rosa Díez conversa en el Parlamento con Alfredo Pérez Rubalcaba, el pasado 11 de diciembre.

Los nacionalistas de Cataluña no contemplaban en su hoja de ruta el que, de manera inminente, tuviera que someterse a debate y votación en el Congreso una iniciativa relacionada con el plan soberanista. Pero antes de que se debata en Madrid la proposición de ley de CiU, ERC e ICV, calcada de la del Parlamento catalán, en la que se pide que el Gobierno transfiera la capacidad a Cataluña de convocar la consulta de secesión, se va a debatir y votar sobre todo lo contrario: el rechazo al plan secesionista de Artur Mas.

El pleno que celebra mañana el Congreso obligará a todos los grupos parlamentarios a dar la cara y votar una moción de gran calado a iniciativa de UPyD. El Grupo Popular no oculta su irritación ante el aguijoneo permanente del grupo que dirige Rosa Díez en un asunto tan sensible para millones de españoles y, especialmente, para sus electores.

Por un lado, la moción pide que “el Congreso rechace tajante y expresamente el plan secesionista de la Generalitat de Cataluña”, aprobado por el Parlamento catalán el pasado 27 de septiembre. Y, de remate, la propuesta de UPyD pide que el Congreso inste al Gobierno de España a que utilice “todos los instrumentos legales” a fin de remediar el abierto incumplimiento de la legalidad vigente y de las resoluciones judiciales que sistemáticamente viene realizando la Generalitat, según el partido de Rosa Díez.

La iniciativa de UPyD se refiere a la aprobación por el Parlamento catalán el 23 de enero de 2013 de Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, en la que se declara a esa comunidad sujeto “jurídico y soberano”. Esa declaración fue impugnada el 8 de marzo de 2013 por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, donde ya ha empezado a debatirse con posiciones contrapuestas de los magistrados.

Pero antes de que se pronuncie el tribunal, UPyD quiere que se produzca la desautorización política del Parlamento nacional. La aprobación por la Cámara de Cataluña del plan secesionista, considera la formación magenta, “no solo es manifiestamente ilegal, pues contraviene la Constitución y todo el ordenamiento jurídico que emana de la misma”, sino que el texto vulneró el auto del Tribunal Constitucional de 11 de julio de 2013 que confirmó “la suspensión cautelar” de la resolución del Parlamento de Cataluña.

La iniciativa irrita al PP por la sensibilidad del asunto catalán entre su electorado

Así, antes de que los nacionalistas hayan planteado en el Congreso la petición al Gobierno para que autorice la consulta, este grupo pretende cercenar el debate de raíz.

El debate del próximo martes entre UPyD y los nacionalistas se prevé especialmente tenso. La incomodidad se produce en las filas populares por tener que dar explicaciones a UPyD en el Congreso ante las acusaciones de no hacer cumplir la ley en Cataluña. Un anticipo se produjo el miércoles pasado, cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respondió a la líder de UPyD, Rosa Díez, en una interpelación que ahora tiene su broche final en el debate y votación de una moción el próximo martes. La no aplicación del artículo 155 de la Constitución, por la que se puede obligar a una comunidad a cumplir las leyes vigentes, fue uno de los reproches de Díez que Montoro rechazó. “Los ciudadanos tienen que estar tranquilos porque las declaraciones de algunos políticos no vayan a llegar a ningún puerto”, aseguró.

Además, el Gobierno defiende que no hay inacción, ya que la resolución del Parlamento de Cataluña en la que se declara a la comunidad como sujeto jurídico y soberano fue impugnada. No así otras resoluciones que a criterio del Gobierno no tienen entidad jurídica como para ser recurridas.

Díez entiende que el Ejecutivo debe hacer cumplir la ley porque la Generalitat “se está burlando de tribunales y sentencias”. “La retórica de que harán que se cumpla la ley, mientras se permite que se burle la ley, es inaceptable”, señala. Estas posiciones se repetirán el martes para incomodidad del PP y, en menor medida, del PSOE.