Forenses certifican que las fosas halladas en el Sáhara tenían víctimas españolas

Las investigaciones sobre justicia universal siguen su curso mientras las Cortes tramitan la proposición de Ley Orgánica para cercenar la competencia internacional de los magistrados españoles. Este miércoles, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha tomado declaración a dos de los peritos forenses que en junio de 2013 participaron en la exhumación de una fosa común en la que estaban enterrados ocho beduinos saharauis supuestamente ejecutados sin juicio por fuerzas militares marroquíes en febrero de 1976. Francisco Etxeberria, profesor de Medicina Forense de la Universidad del País Vasco, y Carlos Beristain, médico y psicólogo, ratificaron que en el enterramiento había al menos tres personas de nacionalidad española. Junto a sus cadáveres se hallaron dos DNI y una cartilla de racionamiento de azúcar.

La investigación de la fosa común se incorporó a la querella interpuesta en 2006 sobre crímenes de lesa humanidad en el Sáhara Occidental después de que España abandonara su antigua colonia a finales de 1975. Según la investigación de Etxeberria y Beristain, que incluyen las pruebas de exhumación e identificación y la valoración de los testimonios de 15 personas, en la fosa, situada en la zona de Fadret Leguiaa, en la región de Smara, a 400 kilómetros de los campamentos de Tinduf, yacen los cuerpos de ocho beduinos que se dedicaban al pastoreo de cabras y camellos y que fueron ejecutados a tiros. Dos de los fallecidos eran menores de edad, según las pruebas forenses.

Según ha detallado Etxeberria estas ocho personas fueron enterradas de “cualquier manera bajo la arena y con la munición con la que se realizaron los disparos alrededor”. La inhumación se realizó, además, “sin tener en cuenta las costumbres y tradiciones del pueblo saharaui”.

Además de los dos peritos, también ha comparecido ante Ruz, Mahmud Selma, hijo de una de las víctimas, que ha relatado cómo su primo Abba-Ali Said Daf presenció con solo 14 años las ejecuciones, y oyó el nombre de dos personas, cuyos documentos de identidad han aparecido entre los restos, lo que refuerza las conclusiones del informe. Abba-Ali Said Daf y Kabula Selma Daf, que viven en Argelia, estaban citados para hoy por el magistrado, pero las autoridades consulares de Árgel no tramitaron su visado y no pudieron volar a Madrid. Los querellantes, dirigidos por el letrado Manuel Ollé, van a presentar una denuncia por estos hechos que atribuyen a “una aplicación por adelantado de la reforma para acabar con la justicia universal”.

Ollé teme que esta causa sobre el genocidio - existen más de 400 víctimas de desaparición forzosa saharauis, la mayoría entre 1975 y 1977- acabe archivándose en cuanto entre en vigor la reforma para acabar con la justicia universal. El abogado ha expresado su deseo de que hoy diputados y senadores del PP pudieran haber estado presentes en las declaraciones "escuchando cómo se aniquilaba al pueblo saharaui, cómo se aniquilaba a ciudadanos españoles víctimas de genocidio y que hoy quedan absolutamente sin ningún tipo de protección".