Interinos de la Junta denunciaron las “prisas” de Cospedal por anular plazas

Mercedes Berguío llevaba 15 años trabajando para la Junta de Castilla-La Mancha como interina cuando, en agosto de 2012, recibió la noticia de que la cesaban. A ella y a cerca de 500 compañeros que ocupaban plazas similares en la administración dirigida desde hacía año y medio por Dolores de Cospedal. La número dos del PP había llegado a la presidencia de la Junta con la tijera en la mano. En sus primeros seis meses anunció recortes de 2.165 millones, el 25% del presupuesto autonómico, y lo hizo a costa, entre otras cosas, de atornillar la jornada de los funcionarios y eliminar puestos. Ningún Gobierno autonómico del PP se había atrevido a ir tan lejos escudándose en la necesidad de embridar las cuentas públicas.

Para Mercedes todas esas amenazas tomaron cuerpo en una llamada que recibió en sus vacaciones de 2012. Al otro lado del teléfono, una funcionaria le comunicaba que fuese a recoger la orden que declaraba extinguido su puesto de trabajo en la asesoría jurídica. "Cuando fui a la Consejería de Fomento y me dieron el papel me fijé en que ni siquiera estaba firmado. Pedí hablar con un responsable pero allí no había nadie que me diese una respuesta al margen de una funcionaria que se acababa de incorporar". Con esa diligencia se dirigió al registro a hacer una reclamación, lo que no evitó su expulsión. Por suerte pudo reincorporarse a la Asamblea de Madrid, a su plaza de funcionaria en excedencia, aunque en una categoría inferior, de ujier. Sus compañeros sin plaza fija se fueron al paro sin indemnización, como corresponde a cualquier interino. Ahora Mercedes tiene que ir y volver diariamente a Toledo (cuatro horas en transporte público al día) porque no puede dejar de pagar su casa, donde vive con su hija y, a la vez, no puede permitirse el lujo de alquilar un piso en la capital. Asegura que, pese a todo, tiene suerte. Muchos de sus compañeros con hipoteca e hijos están a punto de consumir todo el paro.

Tampoco sabe cuándo ejecutará el Gobierno de Cospedal la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que obliga a la Junta a readmitir a los despedidos y a pagarles los salarios que han dejado de percibir. Justo en la semana en que Madrid ha renunciado a privatizar los hospitales, el fallo ha caído como auténtico jarro de agua fría en la Junta de Castilla-La Mancha y se ha sentido como una gran victoria en los sindicatos, que han pedido su ejecución inmediata. “Hemos demostrado que nadie puede pasar por encima de un derecho constitucional, que con movilización sí se puede”, resume Gustavo Fabra, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS). Su central, junto con UGT, presentó la demanda contra la decisión de la Consejería de Presidencia de modificar, aquél 20 de agosto, la relación de puestos de trabajo en las consejerías de Presidencia, Hacienda, Fomento, Educación, Cultura, Empleo, Agricultura, Sanidad y del Servicio de Salud, así como del Instituto de la Mujer. Se eliminaron de un plumazo 672 plazas, de las cuales todavía estaban vacantes entre 200 y 250. Las centrales argumentaron que el proceso de negociación había sido una farsa y esta semana el Tribunal Superior de Justicia les dio la razón tumbando todo el proceso. El fallo condena a la Junta a readmitir a los cesados y a pagarles el salario que han dejado de recibir.

Pero la propia Dolores de Cospedal se resiste a ejecutar la sentencia -adoptada por unanimidad en el TSJ- y su Gobierno ya ha anunciado que recurrirá el fallo, que además, impone el pago de las costas a la administración. Para los jueces quedó acreditado que la Junta de Castilla-La Mancha violó “el derecho a la libertad sindical que consagra el artículo 28 de la Constitución”, porque para suprimir los puestos se convocó a la mesa sectorial una sola vez y a modo de trámite, sin que se produjese una negociación “real”. “El derecho de los sindicatos a la negociación no se satisface sin más con la celebración de reuniones sin contenido”, recalcó el tribunal. Los sindicatos argumentaban que las órdenes que suprimían los puestos fueron publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha “escasamente una hora más tarde de que finalizase la mesa”. Sin embargo el Ejecutivo de Cospedal lamenta que esta decisión "podría hacer inútiles todos los esfuerzos realizados por los ciudadanos, que han permitido estabilizar las finanzas de nuestra Administración y garantizar los servicios sociales, la educación y la sanidad a los castellano-manchegos". Nada dice la Junta sobre el fondo de la cuestión: la violación de los derechos constitucionales.

El Gobierno de Cospedal también ha anunciado que pedirá al TSJ una “aclaración” porque no sabe cómo aplicar la sentencia. Cospedal ignora, según manifestó este martes, si se han de crear “todos los puestos de trabajo suprimidos y con cargo a qué partida presupuestaria habrá de abonar los salarios que han dejado de percibir los afectados”. El sindicalista Gustavo Fabra le da algunas ideas: “Para empezar, podría suprimir todos los cargos, asesores y personal de confianza. Se ahorraría 70 millones. Pero lejos de eso ha preferido optar por una huida hacia adelante, recurriendo ante el Supremo”. Fabra cree que cumplir ahora la sentencia podría suponer un coste de 14 millones. Cuanto más se dilate su cumplimiento, más elevada será la factura.

La de los interinos no es la única batalla judicial de los sindicatos contra la Junta. Carmen Campoy (UGT), recuerda que Cospedal presentó un plan de recursos humanos para suprimir la mitad de los conductores (156), caso todos personal laboral fijo, trasladándolos a otras plazas, desde limpiadores a ayudantes de cocina. Las centrales han convocado protestas contra esta decisión.