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Juez y fiscal vuelven a chocar sobre los ingresos de doña Cristina

Los peritos de Hacienda y la policía respaldan la tesis absolutoria

“No interprete mis preguntas”, se regañaron Castro y Horrach

Los inspectores de la Agencia Tributaria salen de los juzgados de Palma tras testificar ante el juez Castro.

La infanta Cristina comparecerá en dos semanas ante el juez José Castro, pero este sábado se vivió un episodio preliminar en el juzgado de Palma. No fue un ensayo, pero sí un debate de contenido penal, en el que se visualizó, de nuevo, una confrontación entre juez y fiscal.

La fiscalía pretendió desbaratar el argumentario de sospechas expuesto por el instructor a lo largo de los últimos meses. Se polemizó sobre cuestiones muy técnicas relacionadas con impuestos y arquitectura financiera, estructuras necesarias para el delito fiscal, expedientes de Hacienda e informes jurídicos. También se aclaró qué se entiende por facturas ficticias, simuladas y no falsas y se profundizó en el levantamiento del velo societario. Fue examinada la trama societaria del Instituto Nóos de Urdangarin y su socio Diego Torres y el apéndice de la sociedad Aizoon, una patrimonial creada por los duques de Palma, supuesta pantalla para ocultar ingresos.

El magistrado no grabará en vídeo la declaración

Cuando la Infanta se siente el 8 de febrero ante el juez Castro no funcionará en el juzgado la cámara de vídeo que registra las declaraciones de imputados y testigos. Solo habrá una toma de audio para levantar acta del interrogatorio, un momento histórico por otra parte. Los abogados no podrán introducir en la sala teléfonos, cámaras ni tabletas.

El instructor atiende una petición de la defensa de la hija del Rey para evitar el riesgo de filtración de imágenes. La defensa de Diego Torres y los acusadores de Manos Limpias protestaron ante lo que consideran un trato desigual. El juez razonará su decisión.

Dada la repercusión mediática del caso, el juzgado ha preservado en su caja fuerte los DVD con los documentos audiovisuales de los interrogatorios, que no se entregan a las partes. Los abogados interesados en repasar episodios deben visionarlos en el mismo juzgado. Iñaki Urdangarin no fue grabado en su primera comparecencia y estuvo declarando casi 22 horas, en dos días. En su segunda declaración sí hubo captura en vídeo.

En los relatos de hechos y en los argumentos incriminatorios instructor y acusador chocaron. El juez, que imputa a la hija del Rey por supuesto fraude fiscal y blanqueo de dinero, discrepó abiertamente del fiscal Pedro Horrach, que rechaza por completo la existencia de indicios. La tesis del fiscal resalta que Cristina de Borbón no administró Aizoon, no blanqueó capitales ni cometió fraude fiscal. Los representantes de la policía y Hacienda rechazaron haber recibido instrucciones o presiones de sus superiores para amparar a la hija del Rey. Recalcaron que trabajaron a las órdenes del juez.

La polémica entre juez y fiscal tuvo episodios de interpelaciones personales sobre una supuesta intervención de los órganos del Gobierno en los informes exculpatorios. “No interprete mis preguntas”, se reprocharon juez y fiscal.

Los testigos y peritos, entre ellos tres inspectores de Hacienda y una jefa policial especializada en delincuencia económica (todos propuestos por el fiscal) cuestionaron las tesis del juez. Horrach y sus aliados (la abogacía del Estado y los representantes del Gobierno balear) consideran que las pruebas testificales y periciales contradicen la tesis del juez. Durante los interrogatorios a 12 testigos, de ellos cuatro peritos, propuestos por Horrach, se evidenció el abismo jurídico que le separa del juez.

La inspectora jefe de la policía que ha dirigido la investigación sobre facturas y gastos efectuados por la Infanta en el palacete de Pedralbes aseguró que nunca vio ningún indicio de un presunto blanqueo de capitales en la actuación de Cristina de Borbón. La inspectora dijo que, desde que empezaron a investigar las actividades de Aizoon, se sabía que la Infanta pagó gastos personales con la tarjeta de la compañía, lo que no supone que cometiera delito fiscal.

La inspectora de Hacienda que investigó a Urdangarin y Diego Torres por presunto delito fiscal rechazó interferencias de sus jefes. Ratificó que la Infanta no cometió delito y explicó que, antes de que se iniciase el proceso penal por este fraude, ya habían indagado cuentas y movimientos de la hija del Rey en el curso de una inspección en Nóos por el manejo de casi 150.000 euros en billetes de 500 por parte de la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro.

Finalmente, fue interrogado un perito de Manos Limpias, que se autodenominó “mercenario jurídico tributario” y considera que la Infanta habría cometido los dos delitos por los que fue imputada por el juez Castro. La satisfacción del fiscal y la defensa de la Infanta era evidente una vez acabada la sesión: creen que quedó de manifiesto que la Infanta no generaba renta como para cometer un delito.

Además, representantes de siete grandes marcas y compañías que retribuyeron al yerno del Rey como asesor y consejero (Lagardère Ressources, Havas Sport France, Mixta África, Pernod Ricard, Aceros Bergara, Seelinger y Conde), tendrán que testificar sobre los trabajos “de carácter personalísimo” facturados por Iñaki Urdangarin a través de Aizoon, la sociedad particular de los duques de Palma.

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