Tres vías hacia un callejón sin salida

Artur Mas lleva meses proclamando que quiere pactar con Mariano Rajoy la convocatoria de la consulta soberanista, pero en paralelo trabaja para convocarla de forma unilateral. Las tres vías escogidas por el Gobierno de la Generalitat y los partidos del bloque soberanista del Parlamento catalán conducen en todos los casos a un callejón sin salida, bien porque se estrellarán contra la mayoría abrumadora del Congreso o por el previsible pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

El consejero de Presidencia, Francesc Homs, dio buena fe de esa estrategia en una entrevista este jueves en la Cadena SER, cuando pidió a Rajoy que se sentara a negociar al tiempo que manifestaba que el pueblo catalán “acabará votando”. Homs también explicó que la Generalitat estaría dispuesta incluso a modificar la doble pregunta ya pactada por los cuatro partidos soberanistas (CiU, Esquerra, Iniciativa, y la CUP) si con ello se lograse el aval del Estado. “Que se formule una alternativa a esa pregunta, y se va a negociar. Los escoceses inicialmente formularon una pregunta distinta a la que finalmente se ha formulado”, apuntó Homs.

La primera de las vías empleadas por Mas se fraguó el 16 de enero en el Parlamento catalán, cuando 87 de los 135 diputados aprobaron una proposición de ley para discutirla en el Congreso reclamando la delegación a la Generalitat de la competencia para convocar el referéndum al amparo del artículo 150.2 de la Constitución. La Cámara baja ya ha dado el visto bueno para iniciar su tramitación, pero PP, PSOE y UPyD (85% de los escaños) anunciaron hace semanas que votarán en contra.

Curiosamente esa proposición de la Cámara catalana no se discutirá hasta, como mínimo, el mes de septiembre. La explicación es que el Congreso solo debate una proposición de ley de parlamentos autonómicos en el primer pleno de cada mes y ahora mismo hay cinco en espera que se discutirán a partir de febrero. La primera iniciativa que se someterá a debate procede precisamente del Parlamento catalán y se refiere a la ley hipotecaria, después siguen dos de las Cortes Valencianas, una del Parlamento navarro y la quinta, del Parlamento gallego.

En julio y agosto no hay sesión, por lo que la petición de la transferencia se iría a septiembre en el mejor de los casos si es que, en medio, cualquier parlamento autonómico no hiciera una reforma estatutaria. De ser así tendría preferencia sobre la proposición catalana.

Francesc Vallès, diputado del PSC en el Congreso, explica que “los partidos soberanistas han forzado el calendario y nos han engañado a todos”. El parlamentario advierte del escenario que se podría producir si Artur Mas convocara la consulta del 9 de noviembre 56 días antes de su celebración (por tanto en septiembre) sin que el Congreso haya votado ni siquiera la proposición remitida por el Parlamento catalán.

La Generalitat y los partidos soberanistas son conscientes de ese escenario. De ahí que, para ganar tiempo, hayan escogido una segunda vía: que CiU, Esquerra e Iniciativa, a la espera de si se suma o no Izquierda Plural, presenten una proposición de ley en el Congreso en términos muy parecidos a la aprobada por cámara catalana.

El inicio de ese camino está previsto para la próxima semana, pero una vez registrada la proposición, el Gobierno puede retrasar su tramitación si hace uso de la facultad para pronunciarse en el plazo de 30 días sobre si la ley comporta un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios. Teniendo en cuenta que un referéndum no sale gratis y la Generalitat tiene una reserva en los Presupuestos de este año, se da por hecho que el Gobierno hará uso de sus atribuciones. De esta manera, habrá que esperar a finales de marzo o primeros de abril, cuando alguno de los tres grupos parlamentarios que apoyan la moción pueda disponer del cupo asignado. Superado todo ese trámite, toparía finalmente de nuevo contra la votación del 86% de los diputados del Congreso y sería rechazada.

La fecha en la que se produzca ese escenario es importante, pues seguramente de eso depende que Mas active la tercera vía posible para hacer una realidad el referéndum: la ley de consultas catalana. El texto está ya como ponencia en el Parlamento catalán y solo quedan por tramitar las enmiendas. Desde mediados de diciembre no se reúnen los diputados y no hay ninguna convocatoria a la vista, por lo que el escenario previsible que puede estar barajando el líder catalán es ir cubriendo etapas y cruzar el río de la ley catalana cuando se rechace la transferencia de la competencia.

Y es aquí donde se acaba el recorrido. En cuanto se apruebe la ley de consultas, Mas tendrá el marco legal para convocarla y es probable que ambas cosas se publiquen el mismo día en el Diari Oficial de la Generalitat. La fecha que maneja para firmar el decreto es la segunda quincena de septiembre, aprovechando el eco que podría tener una nueva demostración de convocatoria del independentismo con motivo de la Diada del día 11, especial este año en el que celebra el tricentenario de la derrota catalana frente a las tropas borbónicas en 1714. El Gobierno tardará un suspiro en recurrir la convocatoria ante el Tribunal Constitucional y es más que previsible que se suspenda. Será entonces cuando el presidente de la Generalitat habrá agotado llegado al final del callejón sin salida.

Homs admitió este jueves ese escenario e intentó buscarle encaje legal a la consulta, planteándola como una suerte de “encuesta”. A su parecer, una victoria del secesionismo “no generaría de por sí una nueva situación jurídica, sino la apertura de la negociación con el Estado”. El portavoz de la Generalitat se preguntó: “¿Nos van a prohibir hacer encuestas?”.

Pese a su insistencia en reiterar que la consulta se celebrará, el consejero de la Presidencia reconoció que el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra. “Si está recurrido y está suspendido, sería ilegal firmar el decreto de convocatoria”, admitió Homs.