Urkullu planteó a Sortu el desarme de ETA para ablandar la postura de Rajoy

El lehendakari, Iñigo Urkullu, planteó el pasado octubre a Sortu una hoja de ruta que incluía entre sus cuatro puntos la exigencia a ETA de su desarme con el propósito de ablandar “el inmovilismo” que mantiene Mariano Rajoy sobre el proceso de paz en Euskadi. No obstante, el debate interno en la izquierda abertzale ha impedido hasta ahora cumplir el calendario que el Gobierno vasco le propuso, a excepción, curiosamente, del reconocimiento por parte de los presos de ETA del daño causado, que se produjo en diciembre, como estaba fijado.

En el origen de sus encuentros, Urkullu y Sortu compartieron la mutua obligación de “dar alternativas a Madrid” para dinamizar una situación que “perjudica a ambos”, según fuentes próximas al proceso. Desde el anuncio, hace dos años, del final de la violencia, el lehendakari no consigue hacerse oír ante el Gobierno central y la acción política del partido soberanista sigue mediatizada por la existencia de ETA.

Así las cosas, la elocuente falta de respuesta de Mariano Rajoy al plan que le había entregado el lehendakari en su último encuentro y la nula receptividad que el Ministerio del Interior y su entorno vienen prestando con absoluta intención a Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia del Gobierno nacionalista, propiciaron la redacción de esta hoja de ruta, descubierta paradójicamente durante la detención de Arantza Zulueta y otros abogados de presos de ETA, en Bilbao y Hernani.

Precisamente la filtración de este documento de apenas dos folios, incautado por la Guardia Civil, alentó al Gobierno vasco a reconocer sin demora el pasado lunes su autoría ante el silencio de Sortu. En realidad, a pesar de que sigue manteniendo reuniones con Urkullu y Fernández para alentar el desbloqueo del proceso, la izquierda abertzale nunca se ha sentido “comprometida” a cumplir los cuatro objetivos marcados ni sus plazos. Ayer, uno de sus portavoces, Joseba Permach, se limitó a criticar “la política de filtraciones ante un hecho de la magnitud de la consolidación de la paz”.

Pero Sortu sabe que siguen pendientes tres de los cuatro objetivos que Urkullu marcó en esta hoja de ruta diseñada “milimétricamente”, según se puede constatar, en base al argumentario que Jonan Fernández ha venido defendiendo incluso antes de su incorporación al Gobierno. El lehendakari y Fernández acompañaron de un calendario cada uno de los pronunciamientos que debían producirse para encarrilar el “final ordenado de ETA”. Así, en noviembre, Sortu no atendió la petición de Urkullu de expresar un significado reconocimiento del daño causado por el terrorismo ni un impulso de la reinserción individualizada de los presos de la banda terrorista. Quedaba para este mes la petición a ETA del desarme, a la que contribuiría el Gobierno vasco de una manera explícita y con el respaldo de organizaciones y mediadores internacionales, con quienes sigue abordando la actual situación. Este incumplimiento de los objetivos “no ha desanimado” a Urkullu, según su entorno, porque sigue manteniendo que “en los próximos seis meses habrá noticias”.

Pero la izquierda abertzale no ha dado un paso adelante, envuelta en su debate interno. En cambio, sí lo hizo el colectivo oficial de presos, el EPPK, con su comunicado del pasado 28 de diciembre, en el que reconocía el daño causado y aceptaba la legalidad. Su pronunciamiento confirma que Sortu les hizo llegar el documento de Urkullu, utilizando la conocida vía del denominado grupo de abogados del frente de las cárceles, en cuyo poder ha aparecido una copia de la hoja de ruta.

En el PP vasco no ha gustado esta línea de relación entre el lehendakari y Sortu, aunque su presidenta, Arantza Quiroga, ha suavizado el tono de la crítica, limitándose a pedir ayer a Urkullu “altura de miras” y que “no intente rentabilizar” el final de ETA. Sin embargo, otros sectores admiten su “inquietud” ante la posibilidad de que esta hoja de ruta, de la que Rajoy jamás ha sido informado, sea aprovechada por el sector intransigente de los populares en Madrid para hacer ver a su presidente que “el Gobierno vasco no es de fiar” y así justificar su rechazo a la exigencia de una cierta flexibilidad en la política penitenciaria. El Gobierno vasco no le dan importancia a esta reacción. “Rajoy tiene un documento mucho más completo, donde figuran los pasos uno por uno para el cierre ordenado de ETA, pero es más arriesgado”, aseguraron ayer desde Vitoria.