Los solicitantes piden audiencia a Justicia por el extravío del indulto a Garzón

La Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (Medel), que solicitó el indulto para el exmagistrado Baltasar Garzón, espera que el Ministerio de Justicia le dé audiencia como parte en el expediente administrativo abierto tras aquella petición. Será en ese momento cuando el colectivo de juristas se pronunciará sobre un episodio que se ha conocido ahora: el extravío, durante más de un año, de la solicitud de la medida de gracia para el juez, condenado por prevaricación e inhabilitado por un periodo de 11 años por autorizar escuchas entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados.

El expediente salió del ministerio hacia el Tribunal Supremo en junio de 2012. Pero no llegó. En octubre de 2013 el ministerio volvió a remitir el oficio, en el que se pedían los preceptivos informes al fiscal y a la sala sentenciadora. Todo el procedimiento tuvo que reiniciarse desde el principio.

Ni Justicia ni el Supremo se responsabilizan del extravío. Nadie va a investigar lo ocurrido con el único expediente que se perdió de los siete que salieron del ministerio aquel día, y el único que ha sufrido un incidente de este tipo —al menos que se sepa— entre los 7.000 que se envían cada año.

Un error evidente

El Ministerio de Justicia sostiene que puede probar, con el sello de salida, que los papeles salieron de allí el 29 de junio de 2012, camino del Tribunal Supremo, y no se hace responsable de lo que pasó después. Fuentes del Supremo, por su parte, alegan que allí no llegó. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, afirmó ayer que “evidentemente se ha producido un error en algún punto del proceso” pero que “no hay indicios de que haya habido mala fe de nadie, ni en el ministerio ni en el Supremo, ni intervención de terceros”, por lo que ha decidido no abrir ninguna investigación interna.

Respecto a por qué se enviaron los documentos por correo postal y no se llevaron en mano al Supremo, Bravo aseguró que “siempre se ha hecho así en el ministerio” y recordó que no todas las peticiones de informes van al Supremo, sino que muchas se envían a audiencias provinciales o juzgados de toda España (los que en cada caso hayan dictado sentencia). “Por eso se hace todo por correo postal”, señaló. No se pide tampoco, admitió Bravo, acuse de recibo de esos envíos postales, de modo que no hay forma de asegurarse de que los oficios llegan a su destino.