A Rajoy se le abre un nuevo frente

Desde que ETA declaró el cese definitivo del terrorismo, hace más de dos años, el sueño de Sortu era sumar al PNV a su marcha anual en favor de los presos etarras. Aunque para ello se ha tenido que cambiar el lema —Derechos humanos, solución y paz—,Sortu ha logrado su objetivo con enorme éxito por la torpeza política que supuso prohibir una marcha cuando el terrorismo ya está acabado. Al instar la fiscalía esa prohibición, el Gobierno ha provocado un incendio, con una marcha multitudinaria que ha exigido el cambio en su política penitenciaria.

El PNV ha insistido en la excepcionalidad de su presencia junto a Sortu. Su móvil ha sido defensivo: evitarle a la Ertzaintza capear el temporal de una prohibición, y detener el riesgo de una involución en el proceso de desmantelamiento de ETA, protagonizado por Sortu, ante la respuesta represiva del Gobierno de Rajoy por la prohibición de la marcha.

El lehendakari Urkullu y el PNV, en los dos años transcurridos desde el cese definitivo del terrorismo, han presionado insistentemente a Sortu y ETA para que remataran su final. Rajoy podía estar contento con Urkullu. Y cuando esas presiones logran un resultado importante —que los presos etarras asuman la legalidad penitenciaria— se encuentran con que la respuesta del Gobierno son detenciones y la prohibición de una marcha anual que siempre se había celebrado.

Es posible que las detenciones de esta semana estén justificadas. La cuestión de fondo es la actitud del Ejecutivo ante el final de ETA. Rajoy no ha dado ningún paso en política penitenciaria desde el cese definitivo del terrorismo hace dos años, con lo que vulnera el Pacto de Ajuria Enea de 1988, que compromete a todos los partidos a flexibilizar la política penitenciaria en caso de que ETA cese la violencia. No ha hecho ningún caso a las reiteradas peticiones de Urkullu, de acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas. Ni siquiera ha activado la vía Nanclares de reinserción. Su coartada es la presión para lograr la disolución de ETA.

Pero lo peor es que no valore el proceso de desmantelamiento de ETA. Ni el cese definitivo del terrorismo —sin que ETA lograra el derecho de autodeterminación y la unión del País Vasco con Navarra—, cuando la gente en la calle percibe que ya no es un problema porque desaparecieron los atentados y la extorsión.

Tampoco valora que los presos de ETA hayan pasado de reclamar la amnistía y la negociación a asumir la legalidad penitenciaria. Y que la imagen de los excarcelados de ETA en Durango es la de su derrota al rechazar la violencia, aunque se comprenda que irrite a sus víctimas.

En vez de insistir en que la victoria de la democracia se impone sobre el terrorismo, aunque quede pendiente el anunciado desarme y la disolución de ETA, cede ante el discurso torticero del Tea Party español y su batallón mediático, con el expresidente Aznar al frente, de que es la banda terrorista quien gana y la democracia la que pierde, y que ha calado de modo preocupante en el electorado conservador español. Un discurso mentiroso, revanchista y contradictorio con el que el propio Aznar mantuvo como gobernante. Con una mera tregua, acercó 200 presos al País Vasco e inició con ETA un diálogo de paz por presos en 1999 que la banda, y no Aznar, rompió.

La ausencia de liderazgo y de pedagogía de Rajoy, que le impide hacer una política de Estado en Euskadi adaptada al final del terrorismo, fue denunciada el viernes por el lehendakari Urkullu y el líder del PSE, Patxi López, aunque este último partido no se ha sumado a la marcha de Bilbao para no coincidir con Sortu.

El PNV ha insistido en que su presencia con Sortu es excepcional ante una situación excepcional e imprevista. Pero esa excepcionalidad dependerá del Gobierno de Rajoy. La multitudinaria manifestación de ayer ha llevado a las calles vascas el cambio en la política penitenciaria. Si Rajoy no lo atiende es previsible que la excepcionalidad deje de ser tal y se abra una etapa conflictiva en Euskadi.