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La abogacía del Estado busca cómo impedir que los expresos sean concejales

El Gobierno ya ha marcado criterios de inelegibilidad para altos cargos de la Administración

La vicepresidenta del Gobierno en la reunión del Consejo de Ministros Ampliar foto
La vicepresidenta del Gobierno en la reunión del Consejo de Ministros EFE

El Gobierno está buscando la fórmula legal para impedir que los etarras excarcelados por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo puedan presentarse a las elecciones locales de 2015 e incluso llegar a ser alcaldes de sus municipios. Lo había apuntado en la reunión del Comité Ejecutivo del PP Mariano Rajoy, presionado por el sector más conservador y preocupado por la imagen de uno de los protagonistas de la reunión de Durango alzándose con una alcaldía en 2015. Y lo confirmó ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros, aunque con las cautelas que ella siempre establece en los asuntos polémicos.

 Fuentes del Ejecutivo señalan que ya están trabajando expertos en esta posible vía legal, en especial los servicios de la Abogacía del Estado. La reforma legal se centra en la ley electoral, la que fija las condiciones para poder presentarse a unas elecciones, también las locales.

El Gobierno admite que es un asunto complejo en el que hay que afinar mucho para no plantear nada inconstitucional, ya que el sufragio pasivo —poder ser elegido— es un derecho fundamental especialmente garantizado por la Constitución y los etarras, al haber cumplido su condena, son ciudadanos libres a todos los efectos y con todos los derechos.

No es una pena

Estas fuentes en cualquier caso insisten en que no se trata de una pena, y por tanto no tendría el problema de la retroactividad, que es el que ha llevado al Tribunal de Estrasburgo a anular la doctrina Parot. La idea es más bien fijar en la ley criterios nuevos de inelegibilidad.

Sáenz de Santamaría recordó que el Gobierno ya ha marcado unos criterios de inelegibilidad para altos cargos de la Administración central, en un anteproyecto de ley presentado el pasado 13 de diciembre en el marco de un conjunto de medidas anticorrupción. Esa norma fijó que los condenados por delitos de terrorismo no podrán ser altos cargos de la Administración central hasta que se cancelen sus antecedentes penales, esto es muchos años después de cumplir su condena.

Sáenz de Santamaría explicó que esa es la vía que se estudia para ampliarla a otros cargos como los concejales, aunque la complejidad es mucho mayor. “Hemos establecido límites para ser alto cargo en la Administración general del Estado. Estamos estudiando si esos límites, como el de no haber sido condenado por terrorismo, pueden extenderse a otros ámbitos”, explicó la vicepresidenta.

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