Coste inasumible

Me figuro que la fundamentación del recurso del ministerio fiscal contra el primer auto de imputación de la Infanta produciría sorpresa, cuando no irritación. En su opinión, el juez con dicho auto habría vulnerado el principio de igualdad ante la ley, ya que, con los indicios existentes, no habría sido imputada ninguna otra ciudadana que no fuera ella. El auto debía ser anulado, en consecuencia, por discriminatorio.

Más irritación habrá producido ver reproducido el argumento en el escrito de alegaciones de Miquel Roca en el trámite de audiencia concedido por el Juez Castro al ministerio fiscal y las partes para que se pronuncien “acerca de la hipotética citación de Cristina de Borbón para comparecer a declarar en la condición de imputada”. En la “alegación preliminar” del escrito, reproducido en EL PAÍS (edición digital, 10 de enero), se dice: “No consta el menor indicio de que S. A. R. pueda haber llevado a cabo ninguna conducta con relevancia penal que justifique la imputación”. En consecuencia, “dicha hipotética citación tendría lugar solo por ser Dña. Cristina quien es...”.

Resulta incomprensible que una persona con formación jurídica y con conocimiento práctico del trámite de imputación en nuestro país, como es sin duda el fiscal, y otra que, además de formación jurídica y conocimiento práctico, tiene una trayectoria política de las más acreditadas, como es el caso de Miquel Roca, hayan podido argumentar de esta manera.

Es un insulto a la ciudadanía, pues a nadie se le oculta que cualquier ciudadano que se encontrara en la posición de la Infanta habría sido imputado desde hace meses. No hubiera sido preciso para ello un auto de imputación en abril, insólito por su extensión de 18 folios, ni un insólito recurso contra el mismo por el ministerio fiscal, ni una insólita sentencia de la Audiencia de Palma parcialmente estimatoria del recurso, ni un nuevo auto de 227 páginas, tras un insólito trámite de audiencia... La Infanta no está todavía imputada por ser quien es, y no a la inversa.

Lo que más me sorprende en todo este asunto es que ni la Casa del Rey ni el Gobierno hayan reparado en que la estrategia de defensa de la Infanta está haciendo un daño de difícil reparación a la Monarquía. Si la defensa de un miembro de la familia real exige aceptar un anómalo funcionamiento de la Administración de justicia y una pérdida de imparcialidad del ministerio fiscal y de la Agencia Tributaria, es mejor no tener Monarquía.

Para cualquier sociedad democrática ese coste es inasumible. La Casa del Rey no puede pretender que la sociedad española se falte el respeto a sí misma con la finalidad de eximir de una posible responsabilidad penal a uno de sus miembros. Acepten ustedes un funcionamiento desviado de instituciones y procesos esenciales en todo Estado de derecho digno de tal nombre con tal de que la Infanta no sea siquiera imputada. Este es el mensaje, que contiene implícitamente un chantaje.

El Gobierno tiene la obligación, por imperativo constitucional, de hacérselo saber al Rey. El Gobierno no es responsable del funcionamiento del poder judicial, pero sí del ministerio fiscal y de la Agencia Tributaria, y no puede consentir un ejercicio desviado del poder por estas instituciones.

Lo que está en juego no es la imputación o no de la Infanta, sino si España es o no un Estado social y democrático de derecho, como dice el Preámbulo de la Constitución.