El Gobierno, PSOE y CiU evitan entrar en polémica

La política española se ha dividido en dos ante la nueva imputación de la infanta Cristina. Por un lado los dos grandes partidos, a los que se sumó CiU, que se han limitado a mostrar su respeto por las decisiones judiciales y han evitado entrar en más comentarios. Incluso el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, líder de CiU, ha reclamado respeto para la presunción de inocencia: “Lo diría en cualquier caso, y no porque se trate de la Infanta: una imputación, aunque la palabra suene muy dura, no es ser culpable”. Por otro lado, quedaron los partidos pequeños, en especial los de la izquierda, que han sido mucho más duros y han criticado en especial la actuación de la fiscalía, contraria a la imputación.

El PP se ha limitado, a través de fuentes del partido, sin que hubiera declaración oficial alguna, a expresar su respeto a las decisiones judiciales. El Gobierno no ha llegado ni a eso, simplemente ha rechazado hacer ningún comentario con el argumento de que el Ejecutivo “nunca comenta decisiones judiciales”. El PSOE no pudo eludir la respuesta porque Alfredo Pérez Rubalcaba tenía una rueda de prensa convocada en Barcelona. Pero también ha evitado la polémica y ha mostrado el “respeto y acatamiento” de su partido a la decisión del juez Castro. A su lado, Pere Navarro, líder del PSC, que hace unos meses pidió la abdicación del Rey, ha optado por la prudencia: “Las decisiones judiciales son judiciales”.

Algunos presidentes autonómicos del PP han ido un poco más lejos. El extremeño José Antonio Monago ha destacado que el Rey y el Príncipe, “en un momento tan difícil para su familia como este, están demostrando una gran entereza y están dando una lección a los españoles de que todos somos iguales ante la ley”. Mientras, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha reclamado a la Justicia que actúe “con celeridad” para resolver “el fondo del caso Nóos y no seguir con esta situación permanente de juicio mediático, sin conocer las responsabilidades que en su caso pudiera haber”. “Me parece que no es bueno que tengamos abierto durante tanto tiempo estas cuestiones; creo que la justicia en nuestro país debería ser mucho más rápida y que estos asuntos se solventasen con muchísima más celeridad”, ha asegurado.

El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha ido más lejos que Rubalcaba y ha asegurado que, “tras la segunda imputación de la infanta Cristina, la conducta y el comportamiento de las instituciones judiciales y de la Casa Real deben ser ejemplares”. Gómez ha criticado a la Fiscalía Anticorrupción, “cuestionada desde muchos ámbitos porque ha bloqueado esta imputación y otras similares como la de Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González, por el caso del ático de lujo que la pareja tiene en Marbella, por un supuesto delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales”.

El líder de IU, Cayo Lara, ha pedido al Gobierno que, a través de la fiscalía, no ponga “más zancadillas” al juez del caso Nóos y que doña Cristina pueda declarar finalmente como imputada, una “necesidad” incluso para ella misma, ya que tendrá la posibilidad de defenderse. Para Lara, la resistencia de la propia Infanta a aclarar su papel en Nóos ha contribuido a que se piense “que algo habrá”.

Mientras, la portavoz de ERC en el Parlamento catalán, Marta Rovira, ha asegurado que “en un país democráticamente normal no debería sorprender que se impute a determinados personajes públicos por corrupción”. “Valoramos muy negativamente que una institución española como es la Jefatura del Estado, que emana de la Constitución que tanto defienden PP y PSOE, esté bajo sospecha de corrupción”, ha asegurado.

Por parte de ICV-EUiA, su líder, Joan Herrera, ha visto la imputación de la Infanta como “un acto de normalidad y una buena noticia”, pero, en cambio, ha valorado “como una absoluta anomalía” que la Infanta “haya tenido un abogado de lujo que es la fiscalía, la cual tendría que haber perseguido los delitos como en otros casos”. “Esto demuestra que si hay algo que en la Administración de Justicia no funciona es la fiscalía, y también que ya va siendo hora de abrir un debate sobre la profunda crisis que sufre una institución tan anacrónica y sin sentido como es la Monarquía que queda de nuevo en entredicho y bajo sospecha”, ha zanjado.