Un proceso diferente a Escocia y Cataluña

Desde que regresó al poder hace poco más de un año, el PNV, con sus dos principales referentes a la cabeza (el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del partido, Andoni Ortuzar), mira de reojo cuanto sucede en Escocia y en Cataluña en todo lo que respecta al debate de la soberanía, pero marcando claras distancias, ya sea para enfatizar que la prioridad es salir de la crisis, ya para insistir en que la vía vasca a la autodeterminación es diferente. “Somos dos naciones distintas”, recordaba Ortuzar el pasado septiembre en el último Alderdi Eguna (Día del Partido), entre docenas de pronunciamientos similares de dirigentes peneuvistas que podrían citarse.

De entrada, los tres procesos son distintos porque Escocia y Cataluña plantean sendas consultas a sus ciudadanos —la primera, pactada con el Ejecutivo de David Cameron; la segunda, por ahora, desde el enfrentamiento con el de Mariano Rajoy— para acceder a la independencia, mientras que el PNV pone en marcha un debate parlamentario que debería concluir con un texto articulado de reforma del Estatuto de Gernika. Tras más de 34 años, Euskadi es la única comunidad que no ha variado aún su Estatuto.

Ese texto articulado como final de un proceso para el que “no hay prisa”, en palabras de Ortuzar, tiene que ser aprobado por mayoría absoluta (al menos 38 votos) en el Parlamento vasco y sancionado después por las Cortes mediante ley orgánica. Entonces se sometería a referéndum entre los ciudadanos vascos. Tal es el proceso que marca el propio Estatuto para su reforma (artículo 46.1).

Esta es la consulta que el PNV tiene en mente desde que comenzó a hablar hace más de dos años del “nuevo estatus político” de Euskadi. Su horizonte temporal es 2015, pero ya ha dejado la puerta abierta hasta 2016. Otra muestra de que el PNV quiere evitar cualquier aceleración.

El proceso legal es el mismo que siguió el fracasado plan Ibarretxe, aprobado por la Cámara vasca en diciembre de 2004, gracias a tres votos de la izquierda abertzale, y rechazado apenas un mes después por el Congreso. De ahí la insistencia que el PNV pone en la búsqueda de consensos y en aludir al “respeto” que espera del Gobierno español de lo que pacten los partidos vascos.

El paralelismo en este caso se podría trazar con Cataluña con su reforma estatutaria de 2006, sancionada por las Cortes y refrendada por los catalanes, para ser cuatro años después pulida por el Constitucional. Las semejanzas podrían buscarse más, si acaso, en la consulta popular que Ibarretxe quiso celebrar el 25 de octubre en 2008 con dos preguntas: una sobre el diálogo con ETA y otra para saber si los ciudadanos estaban de acuerdo en iniciar una negociación sobre el “derecho a decidir del pueblo vasco”. El Tribunal Constitucional la suspendió cautelarmente tras el recurso del Gobierno de Zapatero y terminó abortándola más de un mes antes de su celebración prevista.

El PNV no abjura, por supuesto, de su defensa del “derecho a decidir" y su aspiración última a la independencia, pero los dos fracasos consecutivos de Ibarretxe pesan mucho en su actual núcleo dirigente a la hora de trazar su camino.