¿Más corrupción para más desarrollo?

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) fue promulgada en 1977 en Estados Unidos para luchar contra la corrupción, proteger la reputación de las compañías estadounidenses y promover la competencia transparente y la confiabilidad y solidez en los mercados. Las prácticas corruptas de empresas estadounidenses en el exterior, siendo el caso más notorio el de sobornos pagados por Lockheed Corporation, terminaron en la expedición de la ley FCPA. Algunos casos posteriores notorios de aplicación de la FCPA involucraron a la alemana Siemens AG, a KBR y Halliburton en Estados Unidos y a la petrolera francesa Total S.A., entre otros.

La FCPA aborda principalmente la corrupción y el soborno a funcionarios extranjeros. Tiene dos disposiciones principales: primero, las normas antisoborno, que prohíben a personas, empresas estadounidenses y ciertos emisores extranjeros de valores sobornar a funcionarios gubernamentales en el exterior, incluyendo organismos internacionales, para obtener o conservar negocios o lograr alguna ventaja indebida. Asimismo, en materia financiera, obliga a las empresas que cotizan en bolsa a mantener libros, registros y cuentas precisas que reflejen las transacciones de manera veraz. Los representantes de las compañías que incurran en esas prácticas, así sea en el exterior o a través de terceros, son responsables ante la ley.

No es casualidad que la FCPA se concentre en las compañías inscritas en bolsa y que la Comisión del Mercado de Valores (SEC) — además del Departamento de Justicia — juegue un papel central. Se busca proteger la integridad y transparencia del mercado de valores de Estados Unidos y procurar mantener a las compañías inscritas al margen de prácticas corruptas y sus consecuentes escándalos y afectaciones financieras y corporativas.

Hace dos semanas, el presidente Donald Trump expidió un decreto en el que le ordena a la fiscal general, Pam Bondi, suspender las acciones que esté llevando bajo la FCPA hasta que se redacten nuevas guías de aplicación, que promuevan la competitividad de Estados Unidos y un uso eficiente de los recursos para la aplicación de la ley. La Casa Blanca ordenó además revisar los procesos bajo la FCPA, pasados y en curso, y que las futuras investigaciones se rijan por las nuevas reglas del Departamento de Justicia. Aunque en teoría debería funcionar con cierta independencia, en este caso es de esperar obediencia absoluta, lo cual tampoco es nuevo.

Así ha sucedido en reiteradas oportunidades, como lo analiza la Universidad de Yale en el Yale Law & Policy Review: entre otros casos, se señala el de William P. Rogers, el fiscal general de Dwight Eisenhower, que se dedicó a hacer campaña partidista por el vicepresidente Richard Nixon desde su despacho; Bobby Kennedy, que manejaba la fiscalía como una reunión familiar para defender a John, su hermano-presidente y a su Gobierno demócrata; el mismo Trump despidió a la fiscal encargada Sally Yates por “insubordinación” en su primer Gobierno, tan solo 10 días después de haberse posesionado como mandatario.

Si Pam Bondi defiende ciegamente la tesis del presidente y actúa sin balances, será el siguiente de muchos capítulos de actuaciones controversiales de esa oficina.

El decreto de Trump viene de la preocupación de que otros países incurren en prácticas corruptas y de esa manera obtienen contratos en detrimento de los proponentes de Estados Unidos. Y seguramente, en muchos casos es así. Por eso considera que si los demás van a incurrir en esas prácticas, Estados Unidos también hará lo propio y las considera “comunes entre competidores internacionales”. En otras palabras: si no puedes contra ellos, únete.

Por ser la FCPA una ley federal, no puede ser derogada por el presidente, pero sí puede reglamentar su aplicación. Aunque suene trivial, es bueno recordar que la rama legislativa hace las leyes, la ejecutiva las reglamenta y ejecuta y la judicial juzga a quienes no las cumplen.

Caben muchas preguntas. ¿Hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en la reglamentación de una ley federal? ¿Puede la reglamentación contradecir el espíritu de la ley que está reglamentando? ¿Puede el presidente ordenar que el Departamento de Justicia no cumpla con su deber? ¿Puede el Departamento de Justicia simplemente no aplicar una ley federal? ¿Es posible que la poderosa SEC, a cargo de la vigilancia de las compañías inscritas en bolsa, tampoco lo haga? ¿Cómo van a registrar contablemente las compañías los sobornos?

Además del desorden institucional y legal que esto genera, ¿no incurre en el delito de prevaricato el funcionario público que deliberadamente incumpla las normas que debe hacer respetar? Y finalmente, ¿quiénes se van a atrever a violar la ley ahora, si el próximo Gobierno puede volver a interpretarla y reglamentarla, pero en sentido contrario? La FCPA como ley federal será la misma, a menos de que el Congreso la modifique, lo cual difícilmente sucederá. Y ya veremos qué contiene la reglamentación que Bondi expedirá en poco más de cinco meses, como se lo pidió Trump.

Todo esto es una mala cosa para América Latina. Desafortunadamente, uno de los grandes males de Latinoamérica es la corrupción. En el último informe de Transparencia Internacional de 2024, en que se listan los países de menos a más corruptos, salvo Uruguay, toda Latinoamérica se ubica por debajo de 50 puntos, es decir, en la mitad de los más corruptos.

Nuestra región ha visto por muchísimos años a Estados Unidos —con sus virtudes y sus defectos— como un referente cuya influencia en muchos campos como el político, el económico y el cultural, es indiscutible.

Ahora, como cada vez que Estados Unidos hace algo, muchos se sentirán autorizados a imitarlo ciegamente. Ya empezaremos a ver a nuestros analistas aplaudiendo como focas en las redes sociales y explicando con argumentos contundentes de una sola frase que, lo que le faltaba a la región para lograr el desarrollo, era más corrupción.