UPyD reabre el debate para castigar con cárcel convocar consultas ilegales

"No está en juego la protección del Estado de Derecho frente amenazas secesionistas". Esta fue la afirmación en marzo de 2005 del entonces portavoz de Justicia del Grupo Socialista, Álvaro Cuesta, para justificar la eliminación de la pena de cárcel para las autoridades o instituciones que convocaron referendos fuera de la ley. Ese delito desapareció con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el Ejecutivo del PP, presidido por José María Aznar, lo hubiera introducido al calor del llamado Plan Ibarretxe. Ahora UPyD lleva este mismo asunto al Congreso un día después de que cuatro partidos catalanes planteen un referéndum para Cataluña. Además, este grupo inquiere al Gobierno que detalle las medidas que va a adoptar para detener los preparativos en Cataluña para la consulta.

Mientras que en Cataluña los impulsores del referéndum empiezan los preparativos, en el Congreso de los diputados otros grupos contrarios al mismo también se ponen en marcha. El primero ha sido UPyD con un bloque de preguntas para cubrir distintos aspectos de esta materia. Primero, se interesa UPyD por si el Gobierno va a reestablecer las penas de cárcel para quien convoque referendos ilegales. Las penas podían llegar hasta los cinco años de prisión.

La reforma del Código Penal ahora en marcha facilita que se introduzca esa pena, a decir del partido magenta. Pero antes de esta modificación legal, el Gobierno debe hacer frente “al desafío político y jurídico” de la Generalitat de Cataluña, ante la pretensión de convocar un referéndum cuya regulación está en el artículo 92.2 de la Constitución. “El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”, ha reproducido el escrito oficial de UPyD presentado en el registro del Congreso. Sobre esto sí se puede actuar ya, a juicio de UPyD, con el Código Penal en la mano, en relación a los delitos “contra las instituciones del Estado y la división de poderes”.

No hay duda para UPyD que se puede actuar con la actual legislación y, en concreto, en base al artículo 509 del Código Penal: “El juez o magistrado, la autoridad o el funcionario público que, legalmente requerido de inhibición, continuare procediendo sin esperar a que se decida el correspondiente conflicto jurisdiccional, salvo en los casos permitidos por la Ley, será castigado con la pena de multa de tres a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año".

Con esta introducción, UPyD pregunta al Gobierno: “¿Va el Gobierno a requerir al president de la Generalitat para que cancele el referéndum convocado para el 9 de noviembre de 2014 así como todos los actos preparatorios del mismo?". La siguiente pregunta entra de lleno en la ilicitud de esa acción. “En caso de que se mantenga el referéndum, ¿va el Gobierno a poner acciones legales en marcha para perseguir penalmente el incumplimiento del artículo 509?”.

Cuando el gobierno socialista en 2005 eliminó el delito por convocar referendos, el entonces portavoz del PP de Justicia, Ignacio Astarloa, se oponía en el debate parlamentario porque “no se puede privar al Estado de Derecho de instrumentos legales” ante quien quiere convocar “un referéndum de secesión de manera ilegal”. Han pasado nueve años y el PP ahora en el Gobierno no está por recuperar ese castigo que implantó el gobierno de José María Aznar. De momento, con la actual legislación les parece suficiente.