El Gobierno amenaza con la cárcel a Ibarretxe si convoca el referéndum

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, podrá ser condenado a una pena de entre tres y cinco años de cárcel y a diez de inhabilitación si convoca un referéndum sobre su proyecto de libre asociación con el Estado español. El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, también podría ser condenado a una pena similar de prisión si siguiera subvencionando con fondos públicos al grupo parlamentario de Batasuna. Así lo establece una reforma parcial del Código Penal aprobada ayer por el Consejo de Ministros, que se tramitará con una enmienda del PP en el Senado al proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje.

El ministro de Justicia, José María Michavila, recibió el visto bueno del Consejo de Ministros a un informe en el que recogía tres iniciativas: la penalización de la convocatoria de un referéndum, dirigida a frenar el plan Ibarretxe; el castigo a la financiación de un partido político disuelto, para asfixiar a Batasuna, y la creación en la Audiencia Nacional de una oficina de atención a las víctimas del terrorismo, previsión recogida en la ley de cumplimiento íntegro de las penas de terroristas.

El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, podría ser igualmente encarcelado en caso de que siguiera manteniendo las subvenciones al grupo Sozialistas Abertzaleak.

El ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, explicó que esta nueva reforma penal, que podría estar en el Boletín Oficial del Estado antes de fin de año, es "la respuesta serena y contundente al camino emprendido por el PNV: del consenso a la confrontación total".

De modo solemne, ante el pleno del Parlamento de Vitoria, el lehendakari replicó: "Quiero trasladar aquí mi compromiso firme, con serenidad pero con firmeza: si, producto del debate, este Parlamento considera oportuno plantear un nuevo Estatuto, se consultará a la sociedad". El PSOE no fue informado previamente por el Gobierno. El diputado Juan Fernando López Aguilar acusó al Ejecutivo de "transgredir los principios en los que se basa el Pacto Antiterrorista" y de realizar, una vez más, una utilización perversa del Consejo de Ministros como plataforma en temas que no lo admiten".