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Gallardón niega que la ‘sentencia Parot’ haya impulsado la reforma penal

El ministro de Justicia asegura, no obstante, que el nuevo código garantiza que no se vuelvan a producir excarcelaciones de presos con delitos graves

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha querido dejar claro este jueves que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la doctrina Parot no ha impulsado la reforma del Código Penal que hoy se empieza a tramitar en el Congreso y que introduce la prisión permanente revisable. Si alguien tiene en mente el fallo de Estrasburgo, ha subrayado Gallardón, "está muy equivocado". "El Gobierno no ha improvisado esta reforma por las actuales circunstancias, ya en 2010 defendimos un código penal más eficaz", ha asegurado. "Este compromiso lo asumimos en el programa electoral". El ministro ha negado, además, que esta reforma incluya medida "inhumanas" o "populistas" como acusa la oposición.

No obstante, ha mantenido que el futuro códiigo garantizará que no se vuelvan a producir excarcelaciones de presos con delitos graves, por ejemplo atentados terroristas, como las que se han producido a raíz de la sentencia de Estrasburgo. 

El proyecto, que fue aprobado por el Ejecutivo el pasado 20 de septiembre, establece la pena de prisión permanente revisable para los casos de asesinatos más graves, como los terroristas, y contempla nuevas herramientas para perseguir la corrupción. La reforma pretende imponer medidas de seguridad a los delincuentes sexuales, de forma que la libertad vigilada podrá aplicarse a más delitos en función de la peligrosidad del reo. El texto también hace una revisión técnica de un número importante de delitos, entre los que destacan los previstos para castigar la corrupción y evitar la impunidad de ciertas conductas. Gallardón ha rechazado durante su intervención en defensa de la reforma que se califique de "cadena perpetua" la prisión permanente revisable. "Son las víctimas las que han tenido un dolor perpetuo en nuestro país", ha enfatizado el ministro.

En cualquier caso, el grupo parlamentario socialista ha presentado una enmienda a la totalidad a la reforma en la que denuncia la "política criminal populista" del Gobierno, en la que asegura que responde a casos de gran impacto mediático con "más cárcel y por más tiempo". Los socialistas se oponen al "endurecimiento de las penas" que recoge el proyecto ya que "obedece solo a la defensa de las posiciones ideológicas más conservadoras" dentro del Ejecutivo, algunas de las cuales "no tienen encaje constitucional" a juicio del PSOE.

Los socialistas critican que "esta política criminal atiende fundamentalmente a dar respuesta a casuísticas de gran impacto mediático" sin que las penas se orienten a la reinserción de los presos. Además, tacha la reforma de "dura e innecesaria" porque no responde a una sensación de inseguridad verificable en la ciudadanía, y la califica de "regresiva" porque  "cristaliza el modelo del PP basado en represión y recaudación".

Izquierda Plural considera en su enmienda que el proyecto limita la reinserción e introduce de forma "enmascarada" la cadena perpetua. También opina que la reforma es "la respuesta del sistema económico y financiero a la profunda crisis que amenaza con romper las bases consensuadas en que se legitimaba".

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