Interior cambia la ley para ampliar el negocio de la seguridad privada

Jorge Fernández, ministro del Interior, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas políticos de este final de 2013, que políticamente para el Gobierno marca el punto de inflexión —se cumplen dos años de mandato— en el que ahora se quieren concentrar para dar satisfacción a su electorado natural. Ahora Fernández vuelve a primer plano con esta nueva ley que regula el trabajo de vigilantes y detectives privados, tras ser el responsable de la Ley de Seguridad Ciudadana que limita las protestas sociales.

El asunto de la seguridad privada, habitualmente bien acogido en este electorado natural, es algo que ha generado polémicas políticas siempre que el PP, en el Gobierno, ha defendido ampliar sus espacios. La oposición siempre ha acusado a los populares de tener mucha vinculación con las empresas de seguridad privada, un lobby importante en España, que tiene importantes multinacionales en este sector.

Lo cierto es que el propio ministro ha reconocido que esta ley está pensada, entre otras muchas cosas, para que las empresas de seguridad privada tengan más negocio. Interior asegura que en España hay margen para crecer porque hay menos vigilantes privados por habitantes que en Alemania o Francia y muchos menos que en Reino Unido, aunque más que en Italia. Interior ha redactado por tanto esta norma para satisfacer a un sector que da trabajo a 90.000 personas y factura 3.600 millones de euros anuales.

Interior admite una realidad: con la actual limitación de contratación pública —en el sector de la seguridad solo se repone un 10% de los puestos de trabajo que quedan vacantes— hay que sacar a policías y guardias civiles de muchas labores de vigilancia. La nueva ley va a dar entrada a la seguridad privada en todos los espacios posibles, como el exterior de las cárceles y de algunos edificios públicos.

Interior admite que la ley está pensada para eso, para que crezca la seguridad privada, pero en ningún caso, asegura, para que sustituya a la pública en asuntos fundamentales. De hecho, el departamento de Fernández insiste en que los vigilantes ya podían detener a personas antes y asegura que la oposición exagera la polémica.

Sin embargo, Fernández no solo va a tener enfrente el PSOE, IU y UPyD. Tampoco a los representantes de policías y guardias civiles les ha gustado esta última redacción aprobada este martes. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, auguró que habrá “muchos problemas” entre la policías y los vigilantes privados con esta nueva norma, informa Servimedia. Mientras, la Asociación Unificada de Guardias Civiles aseguró que está “rotundamente en contra” porque considera que supone “una privatización encubierta” de la seguridad pública y habilita a “policías baratos” y menos formados.