Alivio en las federaciones tras la renuncia

La petición de que UGT en Andalucía asumiera “responsabilidades políticas” —eufemismo con el que se evitaba exigir en público dimisiones— fue unánime en el comité confederal, el máximo órgano entre congresos, que se celebró los pasados miércoles y jueves. Así que ayer, cuando se supo que Francisco Fernández Sevilla presentó su dimisión como líder del sindicato en Andalucía, una sensación de cierto alivio recorrió gran parte de la central, apuntan en varias federaciones de la organización. Más comedidos eran en los miembros de la dirección federal, donde se explicaba que lo sucedido ayer no era el punto final del escándalo de UGT en Andalucía por las facturas fraudulentas; solo un punto y seguido para “aclarar lo que ha sucedido”.

El alivio del que hablan en varias de las federaciones más grandes del sindicato tiene que ver con que, según explican, muchos delegados sindicales, se encuentran cuando llegan a las asambleas y los centros de trabajo con los reproches del resto de trabajadores. Ahora, con la dimisión de Fernández Sevilla, explican que podrán esgrimir que en UGT cuando se hacen las cosas mal se asumen las responsabilidades y ruedan cabezas.

Con la renuncia del líder andaluz sobre la mesa, la ejecutiva de Cándido Méndez se atiene ahora al calendario marcado desde Sevilla, en línea con lo aprobado en el comité de esta semana. “Hay que seguir mirando y explicar las cosas el día 9 de enero”, subraya un miembro de esta ejecutiva, que, al mismo tiempo, reclama “tranquilidad” para que la organización andaluza investigue lo sucedido. “Lo que parecen maniobras de dilación no lo son. De verdad que están buscando lo que hay, pero son montañas de papeles”, explica, justificando esta petición, y los retrasos en la investigación interna.

Pero desde dentro del mismo sindicato ya había quien pronosticaba que Fernández Sevilla y su equipo no iban a poder averiguar lo sucedido con tranquilidad. “Estaba claro que Paco [en referencia al ya exlíder andaluz] no iba a llegar al 9 de enero”, explica uno de los responsables de una de las federaciones más grandes de la organización, que nada más descolgar el teléfono menciona la palabra “alivio”. “En el comité del miércoles y el jueves era un clamor la exigencia de que se dieran explicaciones, y el plazo que habían fijado, más de un mes, era muy largo”.

“La decisión estaba tomada, pero lo publicado hoy [por ayer por EL PAÍS] lo ha precipitado todo”, explica un miembro de la dirección estatal, en referencia a la información de que la Junta de Andalucía va a reclamar al sindicato la devolución de 1,8 millones de euros. Ya el día anterior Cándido Méndez, en la presentación de la resolución del Comité Confederal, había dejado la puerta abierta a que el calendario previsto e intuido —que no desvelado— se precipitara al ser preguntado sobre lo que podía pasar si se conocían más irregularidades: “Si salen más informaciones, corresponderá a UGT en Andalucía tomar decisiones”.

Y ayer cuando se supo la reclamación que hará la Junta de Andalucía, Méndez habló con Fernández Sevilla y este “le comunicó la decisión de dimitir”, explica la nota oficial. No obstante, apunta otra fuente, fue el líder estatal quien le hizo ver que ya no le quedaba otra salida.

En algunas federaciones del sindicato se cree que la Ejecutiva confederal ha actuado con lentitud en la exigencia pública de asumir alguna responsabilidad por lo ocurrido en Andalucía. “Tenía que haberse ido hace tiempo”, explican, “porque cuando sucede esto eres el responsable y tienes que tomar decisiones y si no te tienes que marchar”. Esta misma fuente expone su preocupación por la situación en la que van a quedar las arcas del sindicato si finalmente UGT en Andalucía tiene que hacer frente a los 1,8 millones que la Junta prevé reclamar.

“Esto tendría que haber pasado hace semana”, explican en otra federación, “lo que se ha sabido es grave y no solo porque las facturas sean falsas, hay gasto que no se pueden explicar”.

También el responsable de UGT en Cataluña afirmó que su sindicato debería ser más ágil a la hora de resolver los presuntos casos de corrupción, aunque para ello “a veces haga falta ser injustos con algunos compañeros”. Transmitiendo así la sensación de que la dimisión de Fernández Sevilla era injusta porque apenas lleva siete meses en el cargo —aunque fue mano derecha del anterior secretario general andaluz— pero totalmente necesaria.