Vencedores y convencidos

El Fiscal Superior del País Vasco ha abierto diligencias contra el presidente de Sortu, Asier Arraiz, para dilucidar si hay un delito de justificación del terrorismo en sus palabras a un grupo de miembros de su partido, a los que dijo que Herri Batasuna (HB) hizo hace 35 años “una elección acertada” y que no estaban dispuestos a “revisar nada de aquello”.

En realidad, la elección ya la había hecho ETA cuando, meses antes de la fundación de HB, anunció en las conversaciones de Chiberta (1977), que no participaría en las elecciones de junio de ese año porque rechazaba la reforma pactada entre Gobierno y oposición. Era una opción legítima, pero de ella no se derivaba que la única forma posible de actuación política tuviera que ser el terrorismo.

Por eso, cuando Arraiz dice que “reivindicamos (...) lo que fuimos y lo que somos, lo que hemos hecho y lo que hacemos”, está asumiendo una trayectoria en la que un componente esencial (el 55% de sus expresiones públicas, según un estudio sociológico aparecido en 1993) ha sido la defensa de ETA y la crítica de la actuación policial contra ella.

Es decir, la legitimación del recurso a la violencia: aquello a lo que renunciaba la letra de sus estatutos: “Sortu realizará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos (...), rechazo que incluye a ETA en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales”.

Todos los partidos vascos han pedido explicaciones a Sortu, y UPyD, también su ilegalización. Prospere o no esa iniciativa, ningún partido democrático podrá dejar de reprochar a Sortu que, en lugar de instruir a sus bases sobre la incompatibilidad entre política democrática y terrorismo, que es ahora su primera responsabilidad, siga contándoles la fábula de que ETA no tuvo más remedio que matar a 850 personas para que hoy puedan ellos defender sus ideas sin bombas. El argumento subyacente es que la lucha (sobrentendiéndose: armada) fue necesaria para desestabilizar el sistema político español, impidiendo que se afianzase el régimen autonómico y haciendo así posible alcanzar sus objetivos por medios exclusivamente políticos. Tal vez ese discurso fuera elegido por los de Otegi como vía de menor resistencia para convencer a ETA de que se retirara. Pero ha sido interiorizado por ellos para no reconocer que su giro ha sido consecuencia de la derrota policial y judicial de la banda; y para esquivar su propia autocrítica por tantos años de sumisión a ella.

Los esfuerzos del Gobierno y los partidos vascos por asociar a la izquierda aberzale a su plan de paz y convivencia chocan con esa incapacidad de sus dirigentes para renunciar a esa fabulación y a su premisa: la existencia de dos violencias equiparables y simétricas. Hubo abusos policiales y guerra sucia, pero es falsear la realidad concluir que el terrorismo de ETA fue una respuesta a esa otra violencia. Por el contrario, lo fue contra la democratización y descentralización política: 246 asesinados, casi un tercio del total, entre 1978 y 1980.

No favorece la renuncia a su justificación implícita de ese pasado la actitud derrotista de quienes, habiendo defendido siempre que era posible vencer a ETA sin negociaciones, se muestran ahora convencidos de que es la banda la que ha ganado porque su legalización les ha permitido entrar en las instituciones. Y advierten que esa presencia, unida a la excarcelación de presos beneficiados por Estrasburgo, está asentando una visión exculpatoria del pasado terrorista compartido por ETA y su brazo político. Pero su legalización judicial lo único que hizo fue permitirles defender en democracia su proyecto: lo que durante años se les había dicho que tenían que hacer, renunciando a imponerlo a tiros. Si están en alcaldías y diputaciones es porque han tenido los votos necesarios y porque los demás partidos no han sido capaces de unirse y conformar mayorías alternativas. Y para impedir que sea su relato el que se imponga, más útil que pedir su ilegalización será refutar sus falacias con datos y argumentos.

No tiene sentido decir que ETA no necesita matar porque ya ha vencido. No matan porque la actuación del Estado (policial y judicial) acabó por convencer a sus jefes de que no les serviría para hacer avanzar causa alguna, y a su brazo político de que solo recobraría la legalidad si persuadía a la banda para que se retirase. <CF1000>Es cierto que los buenos resultados de Bildu en mayo de 2011 favorecieron el cese de ETA en octubre de ese año, y ese cese, la legalización de Sortu en 2012. Pero si también lo fuera que tal legalización anuncia la victoria política de ETA, ¿se debería haber tratado de impedir o ignorar ese cese para evitar que su antiguo brazo político venza sin armas? Un argumento que lleva a una conclusión absurda no puede ser válido.