Cuatro comunidades amenazan con llevar al Constitucional la reforma local

Sin apenas margen para un gran acuerdo –la reforma de los Ayuntamientos entra en la recta final de su tramitación, con el debate de enmiendas en el Senado- las comunidades autónomas de Asturias (PSOE), Andalucía (PSOE-IU), Cataluña (CiU) y Canarias (Coalición Canaria-PSOE), han escenificado esta mañana su rechazo a la norma anunciando que la recurrirán al Tribunal Constitucional cuando entre en vigor si se aprueba tal y como ha sido redactada. Creen que viola los Estatutos de autonomía y que es un ataque contra el principio de autonomía municipal.

En una declaración conjunta pronunciada antes del comienzo de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido la futura ley, el consejero de Hacienda catalán, Andreu Mas-Colell, ha atacado la ambigüedad del articulado: “Cuando se deja lugar a la interpretación sabemos que ésta nos terminará perjudicando”. Amenazó con un recurso ante el Tribunal Constitucional aunque no cerró la puerta “a algún tipo de acuerdo”, en el trámite de enmiendas. Acuerdo que el PNV sí consiguió en el Congreso para defender las competencias del País Vasco. Cataluña tramita su propia norma local en el Parlament en paralelo a la que se debate este martes en Madrid. El senador y expresidente de la Generalitat José Montilla, añadió que la reforma da alas "a quienes consideran que es un nuevo ataque hacia el Estatuto de Cataluña".

Ya en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el ministro Montoro ha recordado a los Ayuntamientos que el Gobierno les ha ayudado a superar la crisis: "Lo primero que hicimos al llegar al Gobierno fue un decreto que subió impuestos para financiar a las corporaciones locales, que subió el IBI, que ha supuesto una recaudación líquida de más de 10.000 millones de euros que fue a parar a las corporaciones locales. Sin esa medida atravesar la sequía financiera habría sido bastante más difícil". También destacó los resultados de los sucesivos planes de pago a proveedores. Defendió que la norma "establece mecanismos presupuestarios más rigurosos, controles más estrictos, es la respuesta a la crisis económica", pero que también "potencia el municipalismo".

Como era de esperar, las comunidades gobernadas por el PSOE e IU, que han hecho una intensa campaña contra la norma en los últimos meses, reiteraron que la única opción que ven es el recurso. El vicepresidente andaluz Diego Valderas fue muy crítico antes del inicio de la Comisión. “Estamos ante una ley que se hace sin consenso territorial ni político. Una ley de esta importancia no se puede hacer así. Nace muerta, sin capacidad de aplicación, porque para que una ley se aplique, las instituciones que la tienen que aplicar tienen que estar convencidas de ello y aquí nadie está convencido. Es una ley que nace sin memoria económica, sin ningún instrumento de capacidad de ahorro”.

Asturias, a través de su consejero de Presidencia Guillermo Martínez Suárez, ha cuantificado en más de 60 millones el gasto que la Comunidad Autónoma tendrá que hacer para asumir competencias municipales. “Es un recorte en democracia y en servicios. Es falso, no se van a ahorrar 8.000 millones, alguien va a pagar una parte, que van a ser las diputaciones y las autonomías, sin compensación conocida”.

Precisamente la falta de financiación ha sido uno de los aspectos más criticados desde Canarias. El Consejero de presidencia justicia de las islas, Francisco Hernández, ha recordado que la norma no aborda el nuevo modelo de transferencias y tiene “un una visión centralista que supone un ataque directo al conjunto de distribución de competencias recogidas en los estatutos”.

Los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP, el madrileño Salvador Victoria, y el extremeño Pedro Nevado-Batalla, aplaudieron la norma aunque recordaron que su aplicación requerirá una mejora de la financiación que reciben las Comunidades Autónomas.Valencia, Galicia y Cantabria también respaldaron la norma con peros: le piden al Gobierno más flexibilidad, tanto para aplicar la ley como económica, para hacerse cargo de las competencias que cederán los Ayuntamientos. En Galicia, la Federación de Municipios, regida por un alcalde del PP, se manifestó desde el primer momento en contra de la reforma.

Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna (PP), manifestó que no hay "rastro de vulneración de la autonomía municipal" en el articulado. "Hemos conseguido que se atiendan nuestras peticiones y que se nos trate de tú a tú. Dejan de considerarnos como a los pequeños de la familia y vemos reforzada nuestra posición".