UPyD recurre el archivo de la causa de los discos duros de Bárcenas

UPyD ha presentado hoy ante la Audiencia Provincial de Madrid un recurso contra el archivo de la causa de la destrucción de los discos duros del extesorero del PP Luis Bárcenas. La formación de Rosa Díez rechaza que no se haya practicado "ni una sola diligencia, máxime cuando la investigación del delito de encubrimiento no exige que el delito presuntamente encubierto haya sido declarado probado".

El escrito defiende, además, que "todo parece indicar que el disco duro destruido no era titularidad de Partido Popular sino de Luis Bárcenas, que lo encargó y pagó, y cuya propiedad era perfectamente distinguible y separable de la del ordenador en que se instaló, cuya titularidad tampoco ha sido en modo alguno acreditada, al igual que sucede respecto del contenido de tales dispositivos informáticos".

El pasado 30 de octubre, la juez de instrucción de Madrid María Esperanza Collazos archivó la  causa al considerar que el delito de encubrimiento por destrucción de pruebas que se imputaba PP “no existe”. La juez vincula ese argumento a la investigación de los papeles de Bárcenas, una causa que se investiga en la Audiencia Nacional y en la que “no se ha probado ningún delito” que pueda ser encubierto. La magistrada recuerda que aunque la competencia para investigar esta denuncia le corresponde a su juzgado, este “no puede deslindarse de lo que acaezca en la causa de la que trae origen”. La formación considera que el auto "que acuerda el sobreseimiento y archivo no solo adolece, dicho sea con el debido respeto, del necesario rigor (ignorando consolidada doctrina jurisprudencial que luego citaremos), sino que es ciertamente confuso".

Por tanto, UPyD reclama la reapertura de la causa y plantea una serie de preguntas: "¿Por qué no hay ninguna diligencia que pueda practicarse a fin de averiguar la titularidad del ordenador? ¿Acaso no es posible pedir al Partido Popular que acredite la compra de los equipos? ¿O bien requerir al vendedor de los ordenadores a fin de que haga lo propio?". 

Además, la formación recuerda que "el juzgador da por sentado que la destrucción de los discos duros se ha realizado con la autorización de su supuesto titular de los equipos informáticos [esto es, el PP]". En cualquier caso, "en ese caso ¿quién dio la orden u autorizó tal cosa? ¿qué pasa si se hubiera realizado por alguno de sus - 15 - empleados sin contar con el permiso de su empleador?".