El Constitucional revisará a partir del martes la ‘doctrina Parot’

El Tribunal Constitucional estudiará a partir del próximo martes la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que anuló la aplicación retroactiva de la llamada doctrina Parot y que obliga a la salida de decenas de presos, la mayoría de ETA, que vieron sus estancias en prisión prorrogadas de manera irregular. El Tribunal tiene pendientes un total de 30 recursos de amparo contra la aplicación retroactiva de la doctrina Parot, de los cuales 17 están pendientes de sentencia y 13 de admisión a trámite. Del total, 27 corresponden a presos de ETA. 

Se trata de la primera ocasión que tiene el Constitucional para cambiar su jurisprudencia sobre la doctrina Parot, que en su día validó, pero que ahora deberá revisar siguiendo el fallo del Tribunal de Estrasburgo. El pleno se ocupará del recurso de amparo presentado por el preso etarra Ignacio Fernández de Larrinoa.

La Audiencia Nacional comunicó a finales de octubre al Constitucional que en aquellos casos de presos que hubieran solicitado su excarcelación en ambas instancias esperaría a que el alto tribunal resolviera sus recursos de amparo. Hasta ahora, la Audiencia ha decretado la excarcelación de 24 presos de ETA y dos del GRAPO, mientras que distintas audiencias provinciales han puesto en libertad a dos violadores y cuatro asesinos múltiples que ya habían cumplido las condenas de acuerdo al Código Penal de 1973, y que han purgado varios años de cárcel más de los que legalmente les correspondía, de acuerdo con el fallo de Estrasburgo.

Recurso de amparo de Atutxa

En el mismo pleno ordinario figura también el recurso de amparo del expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa, junto a los exmiembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria Kontxi Bilbao y Gorka Knorr. Todos ellos recurrieron la multa y la pena de inhabilitación que les fue impuesta por el Tribunal Supremo en abril de 2008 por desobediencia a la autoridad judicial cometida al no disolver Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003.

Si la vista revisara aquella decisión a la luz de la desigualdad ante la ley, la deliberación de este recurso podría afectar a la denominada doctrina Botín, establecida por el Supremo y que vetaba la posibilidad de abrir un proceso contra alguien -en este caso, el banquero Emilio Botín- con la acusación popular como única iniciativa.