El PP considera la sentencia un aval a su “correcta y adecuada” gestión

Decepción o aparente indiferencia respetuosa. Esas fueron las principales reacciones políticas generadas por la sentencia del Prestige entre la oposición y el Gobierno, respectivamente. La satisfacción corrió por cuenta solo del PP, cuya portavoz en Galicia, Paula Prado, consideró que la Audiencia de A Coruña pone “de manifiesto que la gestión del Gobierno fue correcta, fue adecuada”. También dijo este miércoles Prado que la sentencia acredita la “manipulación” del siniestro por parte de “determinados sectores políticos” y criticó, sin citar nombres, que “algunos recogieron réditos políticos del accidente del Prestige e hicieron carrera con este accidente”.

También satisfecho se mostró el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, hoy al frente de Foro Asturias, a quien la sentencia que no ve responsables políticos le parece “muy bien”. “Creo que nunca debió de plantearse siquiera la hipótesis de esa responsabilidad”, dijo, y lamentó que llegase a estar acusado el director general de la Marina Mercante, subordinado suyo. Con todo, ha recordado su declaración como testigo en el juicio señalando que no se imagina que en Estados Unidos se siente en el banquillo al jefe de los Bomberos de Nueva York "por intentar extinguir el incendio y evitar el derrumbamiento de las torres gemelas". "Por ello, nunca he sido capaz de imaginar las razones por las cuales estaba sentado en ese juicio como imputado el director general de la marina mercante", ha remarcado.

En similar línea se pronunciaron varios diputados populares, como la representante en la Comisión de Cambio Climático del Congreso, Belén Bajo, quien recordó lo que considera una campaña orquestada contra el PP, que, según dijo, llegó a tener incluso conatos violentos. Con esas declaraciones el PP lamenta el coste político que le supuso la catástrofe, especialmente en Galicia, donde no son pocos los analistas que coinciden en que el hundimiento del Prestige implicó el principio del fin de Manuel Fraga. Dos años y medio después del desastre, en junio de 2005, y tras década y media al frente de la Xunta, el veterano político perdió su mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas a las que se presentó y abrió la puerta del Gobierno gallego a PSOE y BNG.

Pero mucho antes, a los pocos meses de la catástrofe, la más inmediata consecuencia política fue la destitución del entonces consejero de Política Territorial, Xosé Cuiña, llamado otrora a suceder a Fraga, que lo dejó caer después de divulgarse que una empresa de su familia se pudo haber beneficiado al suministrar a las Administraciones materiales para la limpieza del fuel. Cuiña fue sustituido como consejero por Alberto Núñez Feijóo, hasta entonces presidente en Madrid del Insalud y de Correos, y que a partir de aquella vuelta a Galicia no pararía de ascender en el PP hasta sustituir a Fraga.

Frente a la satisfacción del PP, Gobierno central y Xunta de Galicia optaron por la cautela. Tanto la ministra de Fomento, Ana Pastor, responsable de Sanidad en el Gobierno de 2002, como el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, entonces responsable de Pesca, optaron por destacar las mejoras en seguridad marítima y lucha contra la contaminación implantadas desde 2002 en España. Pastor no quiso enjuiciar la sentencia, mientras que Cañete sí añadió que ratifica que “las autoridades funcionaron razonablemente bien” en la gestión de la crisis y no hubo delito ecológico.

Desde la Xunta, su vicepresidente, Alfonso Rueda, también número dos del PP gallego, evitó las valoraciones políticas y se limitó a felicitarse por la “organización” del macrojuicio, que corrió por cuenta del Gobierno autónomo. Por el contrario, el líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, cree que “la sentencia llega injustamente tarde” y recuerda la “mala gestión política” del accidente. Otra socialista, la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, se declaró “desolada”, ya que, según ella, “es difícil estar de acuerdo” con el fallo.

Izquierda Unida, a través de su diputado Gaspar Llamazares, criticó que “algo no funciona bien en la justicia”, comentario similar al que hizo su socio en Galicia y portavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xosé Manuel Beiras, para quien la sentencia demuestra “la impunidad del poder haga lo que haga, cometa los crímenes que cometa”. Por su parte, la diputada del BNG en el Congreso Olaia Fernández lamentó que “los verdaderos culpables políticos no estaban en el banquillo”.