Unanimidad engañosa

La casi unanimidad catalana a favor de la celebración de la consulta soberanista oculta, pero no hace desaparecer, las discrepancias y contradicciones existentes entre sus promotores sobre aspectos fundamentales de la misma. Entre otras: si deberá plantear dos únicas alternativas, sí o no a la independencia, o caben más opciones; si deberá ser legal y pactada con el Estado o puede ser convocada unilateralmente; si será vinculante o consultiva. Y también: cuál será la mayoría necesaria para tener validez, y cuál la fecha de su celebración.

Un referéndum con esas dos únicas opciones tiene la ventaja de la simplicidad y la desventaja de distorsionar la pluralidad de la sociedad catalana. Cuando el alcalde de Barcelona reconoce que no es independentista pero que, si la consulta se formula en esos términos, votará a favor, está ilustrando esa distorsión. Es como plantear una segunda vuelta electoral sin que haya habido primera vuelta: el reagrupamiento en dos únicas opciones es previo a la expresión de primeras preferencias; y las encuestas muestran que la posibilidad de votarlas modifica la actitud ante la independencia. Según los sondeos más recientes, la inclusión de una tercera opción de autonomía reforzada hace bajar el porcentaje de voto por la secesión. Del 46% al 31% en el de EL PAÍS (3-11-2013).

La segunda discrepancia se escenificó la semana pasada en el Parlament. CiU votó en contra y ERC a favor de una moción de la CUP instando al Gobierno catalán a convocar un referéndum unilateral si el Estado no autorizaba uno legal y pactado. La víspera, Artur Mas había declarado que el referéndum se celebraría con o sin autorización “porque hay diferentes marcos legales para hacerlo”.

Es absurdo pretender que el Estado facilite el tránsito a la independencia catalana

Tras esta contradicción está la deliberada ambigüedad del nacionalismo gobernante sobre si se está hablando de un referéndum decisorio, que zanja la cuestión de la secesión, aunque haya que pactar después la forma de llevarla a término, o de uno consultivo, no vinculante jurídicamente. Esquerra ha venido dando por supuesto que tanto si es autorizado por el Estado como si se convoca unilateralmente, será un referéndum vinculante: que si prospera obliga a reconocer la independencia de Cataluña.

Es sorprendente que los dos partidos que en la práctica gobiernan Cataluña, CiU y ERC, hablen de cosas diferentes cuando se refieren al referéndum de autodeterminación que funda su pacto. La divergencia se extiende al criterio para dar validez al resultado. Para ERC bastaría con la mitad más uno de los votos, según advirtió en su día su líder, Oriol Junqueras (EL PAÍS, 15-1-2013). Mientras que de las manifestaciones de dirigentes de CiU se desprende que opinan que para surtir efecto se requeriría mayoría cualificada; en principio, no inferior a la que el Estatut exige para su propia reforma (dos tercios).

La apelación de Mas a otros marcos legales posibles se interpretó como referida a la ley catalana de consultas, en tramitación, que regula consultas no vinculantes. Ahora CiU, ERC, ICV y la CUP han acordado recurrir a una vía más directa pero también más inverosímil: la del artículo 150-2 de la Constitución, que permite transferir competencias exclusivas del Estado, como la convocatoria de referendos, a las comunidades autónomas.

La CUP también planteó en su moción la necesidad de que la pregunta del referéndum incluyera la palabra independencia. Seguramente para evitar expresiones como Estado propio que podría identificarse con fórmulas federalistas, como en los EE UU. Solo ERC votó las dos partes de la moción. ICV respaldó la posibilidad de consulta unilateral y se abstuvo en la referencia a la independencia con el argumento de que la propuesta planteada tiene que ser lo suficientemente abierta como para que puedan votarla no solo los independentistas sino todos los partidarios del derecho a decidir.

Se trata de un planteamiento equívoco, porque es evidente que tras ese principio se acogen opciones muy diferentes. Una encuesta del Gobierno vasco de julio de 2002 indicaba que el 46% de los votantes del PP estaban a favor de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, pese a que, según la misma encuesta, los que entre ellos estarían dispuestos a votar a favor de la independencia eran el 0%.

En estas condiciones, un referéndum legal y pactado como el que ha acabado por reclamar Mas no podría serlo sobre la independencia, que es la posición más extrema sobre la mesa, sino sobre un acuerdo en el marco autonómico o federal, alcanzado entre las instituciones catalanas y las del conjunto de España. Una actitud dialogante como la que se reclama del Gobierno central tendría por objeto buscar una salida, alternativa a ese referéndum por la independencia, que pudiera ser aceptable para las partes; y no, como parecen suponer algunos entusiastas, facilitar el tránsito hacia la independencia por vía autodeterminista: el camino más corto para provocar la ruptura de la sociedad catalana en dos mitades extranjeras entre sí.