La Audiencia estudia priorizar la libertad de los presos de la ‘vía Nanclares’

La Audiencia Nacional tiene sobre la mesa una propuesta de los abogados de los presos de ETA arrepentidos y acogidos a la vía Nanclares para que su salida de prisión sea prioritaria, tras la anulación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La sentencia del Tribunal de Estrasburgo, del pasado 21 de octubre, no afecta a todo el colectivo, que incluye a una veintena de presos, pero sí a una minoría simbólica. Se trata de Andoni Alza, Fernando Luis de Astarloa, Iñaki Rekarte, Joseba Arizmendi, Luis María Lizarralde, Kepa Pikabea, Joseba Urrusolo y Carmen Guisasola, cuyas condenas fueron aumentadas hasta los 30 años por la aplicación retroactiva de dicha doctrina. Los recursos de tres de ellos, Alza, Rekarte y Lizarralde se encontraban ya entre los 37 que la Audiencia tiene pendientes de resolver.

Los abogados de estos presos se han hecho eco de la presión de los partidos vascos, con la excepción de Sortu, que consideran que los acogidos a la vía Nanclares deben tener un reconocimiento especial por su valor al romper con el terrorismo y al reconocer el daño causado a las víctimas, lo que ha supuesto su enfrentamiento con ETA desde la cárcel.

Los partidos vascos creen que la medida tendría efecto pedagógico

Los partidos vascos creen, también, que ese reconocimiento tiene un sentido pedagógico, al primar la vía de reinserción social de los presos como ejemplo para el futuro del resto del colectivo de reclusos de ETA.

Otro argumento de peso es el propio impacto en la opinión pública de esta decisión. Para numerosos ciudadanos que ven con reticencia la excarcelación de decenas de presos de ETA como consecuencia de la aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, resulta mucho más asumible que se prime la excarcelación de quienes han rechazado el terrorismo y han reconocido el daño causado a las víctimas frente a la de los que no lo han hecho.

Un recluso participará en un encuentro público con víctimas

Las encuestas señalan que una mayoría de ciudadanos asume la reinserción de los presos etarras que se arrepientan de sus delitos. Son minoría los ciudadanos que se oponen a su reinserción, que es la tesis que propagan la FAES y su presidente, José María Aznar.

Los ocho presos de la vía Nanclares afectados por la doctrina Parot llevan cumplidos más de 20 años de condena. Excepto Andoni Alza, fueron condenados por delitos de sangre. Tres de ellos, los más conocidos —Joseba Urrusolo, Carmen Guisasola y Kepa Pikabea, que atentaron en Madrid y Barcelona en los años de plomo—, al haber sido detenidos en Francia, han cumplido parte de su condena en el país vecino, y esa parte de la misma no les ha sido computada en España.

Urrusolo, Guisasola y Pikabea discreparon públicamente de la estrategia de ETA de continuar con el terrorismo hace una decena de años e incluso antes. Urrusolo condenó en 1997 el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Y en mayo de 2010, los tres, junto con Fernando Luis de Astarloa y otros cuatro presos etarras, suscribieron desde la cárcel una carta en la que reconocían y se mostraban dispuestos a reparar el daño causado a las víctimas del terrorismo y pedían al resto de la banda que hiciera lo mismo.

En declaraciones más recientes, este mismo verano, denunciaron la actitud de la dirección de ETA de no dejar a sus presos acogerse a la legalidad y a los beneficios penitenciarios.

La Audiencia Nacional ha empezado, lentamente, a reactivar esta vía tras un parón de año y medio. A Joseba Urrusolo y Valentín Lasarte se les han concedido permisos penitenciarios de fin de semana en los últimos meses.

Asimismo, la Audiencia Nacional ha permitido que los próximos 21 y 22 de noviembre participe un preso de la vía Nanclares en unos encuentros entre víctimas y victimarios que se van a celebrar en la Facultad de Ciencias Empresariales de Vitoria. Lo hará junto a Iñaki García Arrizabalaga, hijo del delegado de Telefónica en San Sebastián, asesinado por los comandos autónomos en 1980, y con Agnes Moro, la hija de Aldo Moro, primer ministro italiano asesinado por las Brigadas Rojas, y la exmilitante de esta organización terrorista Adriana Faranda.

Esta presencia romperá una racha de prohibiciones. En mayo de 2012, a Carmen Guisasola, adscrita a la vía Nanclares, Instituciones Penitenciarias le prohibió acudir al debate organizado por el Gobierno vasco dentro de unas jornadas dedicadas a las víctimas del terrorismo. Más recientemente, a Luis Carrasco, también adscrito a la vía Nanclares, se le prohibió participar en un encuentro público con Maixabel Lasa, la viuda de su víctima, Juan María Jáuregui, gobernador civil de Gipuzkoa, organizado por una asociación próxima a la Iglesia y en el que también participó la ex directora general de Instituciones Penitenciarias Mercedes Gallizo.

Los partidos vascos, incluido el PP, valoran estos encuentros por el efecto balsámico que tienen en las víctimas del terrorismo y por lo que suponen de ejemplo expansivo para otros presos de ETA.