El Tribunal de Cuentas identifica 17 partidos con patrimonio negativo

El Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto los problemas económicos de 17 partidos políticos en el informe de fiscalización que acaba de remitir al Congreso de los Diputados sobre los años 2009, 2010 y 2011. Diez de ellos presentaban "patrimonio neto negativo" en 2009, trece en 2010 y un total de 17 en 2011, año en que se celebraron elecciones municipales y generales. "Las formaciones políticas deberán ajustar sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial, habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos registrados", concluye el órgano fiscalizador. Se trata de CiU (10,1 millones), IU (8,5 millones), IU de Madrid (1,8 millones), IU por Andalucía (3,2 millones), Unió Democrática de Catalunya (11,2 millones), UPyD (0,5 millones), Chunta Aragonesista (0,6 millones), Partido Aragonés (0,5 millones), Iniciativa per Catalunya (3,1 millones), Bloque Nacionalista Valenciá (1,1 millones), Amaiur (0,4 millones), Geroa Bai (135.000 euros), Bloque Nacionalista Galego (3,4 millones) y Coalición Canaria (109.000 euros), Esquerra Unida de Illes Balears (59.000 euros), EU de Valencia (304.000 euros), EU i Alternativa (154.000). 

En el caso de CiU, el organismo deduce que la formación tenía fondos propios negativos de entre  10,6 millones de euros en 2009 y 10,1 en 2011. Cuentas detalla "la importante variación de los saldos del activo entre los ejercicios económicos fiscalizados debida a que la partida fundamental es la deuda de las Administraciones Públicas, que varía en función de las subvenciones pendientes de cobro de los procesos electorales". 

En ese año los comicios, explican las formaciones, consumieron una gran cantidad de recursos y, en cambio, no pudieron anotar hasta el 2012 las subvenciones electorales que el Estado otorgó a las formaciones. La financiación pública percibida por los partidos políticos en ese trienio alcanzó los 850 millones de euros.

En el caso de Izquierda Unida, en 2009 su patrimonio neto registraba un saldo negativo de 8,3 millones de euros. "Dicho saldo negativo se ha incrementado en los tres ejercicios fiscalizados al registrarse perdidas en todos ellos, de manera que al final del período analizado (31 de diciembre de 2011) el patrimonio neto era negativo por 8.520.508 euros". Las siete federaciones de IU con personalidad jurídica presentaban también en ese trienio un agujero de 4,3 millones de euros, lo que supone que la organización sumaría números rojos por importe de 12,9 millones. 

Un portavoz de CiU recalca que su caso es peculiar al tratarse de una federación de partidos, y no de una formación política o una coalición. "Nosotros no tenemos patrimonio conjunto", señala desde la dirección nacional Francesc Sánchez. "Cubrimos los créditos que tenemos con las subvenciones y las aportaciones. Estamos pagando todos nuestros créditos".

De manera similar se expresa Izquierda Unida, que explica que la deuda "está reconocida y es pública", y que su financiación "es perfectamente transparente". UPyD, por su parte, aseguró a través de un portavoz que durante el periodo de fiscalización la formación afrontó cuatro campañas electorales y que el saldo actual arroja superavit de algo más de un millón de euros.

Otra de las alertas del Tribunal de Cuentas tiene que ver con "donaciones no identificadas" por un total de 107.623 euros en 2009, 136.417 en 2010 (ambas correspondientes a Izquierda Unida de Andalucía) y 176.297 euros en 2011 (de las que 93.817,24 euros corresponden a Izquierda Unida de Andalucía y 82.480 euros a Partido Aragonés), "lo que incumple la prohibición de no aceptar o recibir donaciones anónimas". Desde IU matizan que lo detectado por contas corresponde a las donaciones que realizan los propios cargos políticos que, según los estatutos del partido, están obligados a realizar aportaciones mensuales en función de su salario. "Esta circunstancia se detectó en 2008 y parte de una falta de información. Nuestras cuentas son claras", insisten en IU.

En una sociedad mercantil, si el patrimonio se reduce por debajo de la mitad del capital social, la empresa se ve abocada obligatoriamente a una disolución. "Esto no es equiparable en el caso de los partidos políticos", matizan desde Coalición Canaria. Por su propia naturaleza los partidos "carecen de accionistas", y una situación patrimonial como la que ilustra Cuentas "no equivale a una quiebra".