La Intervención cree imposible probar los cohechos al PP por adjudicaciones

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha señalado en un informe que “no es posible demostrar que se han adjudicado contratos públicos como contrapartida a los ingresos por donaciones que muestran los papeles de Bárcenas”. En un escrito de cuatro páginas remitido a la Fiscalía Anticorrupción, los técnicos del máximo órgano de control interno de la gestión financiera del sector público estatal sostienen que la contabilidad secreta del extesorero del PP contiene “numerosas incongruencias” y que el hecho de que se haya acreditado la veracidad de 46 de estos apuntes “no confirma la validez del resto”.

Los expertos responden en su informe a la ampliación de la querella de Izquierda Unida sobre los papeles de Bárcenas en el que pedía la imputación de los exsecretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes. En este escrito, la acusación popular relacionaba algunos ingresos consignados en los papeles de Bárcenas con diversas adjudicaciones de contratos públicos. La IGAE considera “completamente inverosímiles” estas relaciones, ya que, dice, entre la supuesta entrega del dinero y los contratos han mediado en ocasiones varios meses. Además, se dan casos en los que una empresa, como Constructora Hispánica hace donativos y no obtiene contratos y viceversa.

“No encuentran ni ellos [los denunciantes] ni nosotros otras variables que permitan relacionar donativos con contratos, como podría ser el una relación entre el donativo y el precio de la adjudicación. Tampoco encuentran que todos los donativos tengan su correspondiente adjudicación; es más, relacionan en muchas ocasiones un donativo con varias adjudicaciones”, resaltan los interventores.

Este informe sirvió a la Fiscalía Anticorrupción para pedir ayer al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que no admita a trámite la ampliación de la querella de IU sobre los papeles de Bárcenas. El hecho de que no haya relación entre los donativos y las adjudicaciones deja sin efecto los delitos más graves que imputan las acusaciones a los dirigentes del PP como el cohecho o el tráfico de influencias.