Bárcenas siempre delinquió, el PP nunca

El enésimo paso judicial en el caso Bárcenas apuntala una verdad creciente: nada es delito si se ejerce desde un partido. Desde que surgió este caso, fruto de unos documentos obra del extesorero Luis Bárcenas difundidos por este diario en enero de 2013, papeles que ya nadie tacha de fotocopias prefabricadas, la investigación abierta entonces por la fiscalía Anticorrupción ha hallado más elementos para refutar que para acreditar la naturaleza delictiva de las irregularidades que evidenciaban. Los papeles de Bárcenas acreditaban constantes ingresos y pagos en b a dirigentes del partido. Los donativos eran ilegales, por su monto y por su origen. Muchos de ellos no estaban reflejados en su contabilidad oficial y los que lo estaban era de manera troceada para evitar el control del Tribunal de Cuentas. Los sobresueldos tampoco obedecían a pagos ordinarios. Porque Bárcenas no recordaba en sus papeles el salario mensual de cada cual en Génova 13, algo innecesario de apuntar por su continuidad, sino unos pagos trimestrales procedentes del flujo de dinero en b y destinados sólo a los máximos dirigentes.

La investigación judicial acreditó el origen ilegal del dinero porque diversos perceptores (Calixto Ayesa, Jaime Ignacio del Burgo, Cristóbal Páez, Eugenio Nasarre, Jaume Matas…) admitieron que fueron entregas en efectivo sin recibo ni factura y sin figurar en la contabilidad oficial del partido.

La fiscalía, dependiente del Ejecutivo, al iniciar su investigación alardeó de que no le temblaría el pulso a la hora de interrogar al propio Mariano Rajoy y a otros dirigentes del PP, cuyo nombre anotó Bárcenas en su cuaderno como perceptores de sobresueldos. Y se desplegó una batería de peticiones de documentación a Hacienda y al Tribunal de Cuentas para acreditar la veracidad de los hechos. Pero hoy, diez meses después, el panorama es radicalmente distinto. La fiscalía no duda en rechazar el testimonio de Rajoy. Lo juzga mero lucimiento mediático de las acusaciones particulares del caso. Hacienda apostilla oportunamente que los sobresueldos denunciados por Bárcenas en sus papeles nunca serían delictivos para sus perceptores, de ser ciertos, porque no alcanzarían el tope del fraude imprescindible. Tampoco sería delito en los partidos haber incumplido su deber de presentar el impuesto de sociedades por donativos ilegales. Y, por último, la fiscalía sostiene que un partido, al no tener naturaleza mercantil, no puede cometer el delito contable tipificado en el artículo 290 del Código Penal.

Todo esta panoplia de argumentos para cimentar por qué no es delictivo el caso Bárcenas salvo para el propio Bárcenas arroja numerosos interrogantes. La Fiscalía sabía desde el primer momento cuál era el monto de cada sobresueldo abonado en b por Bárcenas. ¿Para qué preguntó a Hacienda y al PP si se habían pagado si sabía que aunque fueran ciertos no alcanzarían el tope legal establecido para ser considerados delito? ¿Para qué pidió la contabilidad oficial del partido a Génova 13 y al Tribunal de Cuentas si da igual lo que se ponga en unas cuentas de una formación, ya que falsearlas no es delito? ¿Para qué precisaba detallar las donaciones legales si las ilegales también son admisibles y están exentas de tributación? La ley no ha cambiado en estos meses. La fiscalía debió archivar el caso desde su inicio, si su convicción es la que con cuentagotas va apilando día a día hasta el cierre del caso Bárcenas. El encarcelamiento de Bárcenas no se produce tras años de investigación sobre el caso Gürtel, sino tras difundirse sus papeles y su fortuna en Suiza. ¿Tienen relación sus papeles con su fortuna opaca? El juez Ruz ve conexión entre sus entradas anotadas de constructores en la caja b del partido y sus ingresos en Suiza. El argumento para encarcelarlo el pasado verano fue que podía huir y destruir pruebas. La paradoja es que Bárcenas no había dejado de viajar al extranjero desde que fue imputado y el extesorero, si de algo se lamenta, es de no haber sabido acumular o guardar más pruebas de todo su mandato para evidenciar las irregularidades que ha denunciado al magistrado. Algunas las destruyó por fiarse de sus antiguos mentores.

Pero si todo el dinero acumulado por el PP de manos de constructores nunca sería ilegal, Hacienda dixit, porque el dinero en b que ingresan los partidos no está obligado a pagar impuestos, ¿cuál es el delito de Bárcenas conexo a su papel de tesorero? Porque si se sigue este relato que desviste al PP del ropaje de todo delito, resulta difícil su aplicación a su extesorero. Si falseó las cuentas es irrelevante, dado que no trabajaba para una empresa mercantil; si se quedó dinero en b del PP, qué importa ya que eran cantidades exentas; si las donaciones no eran cohechos para el partido por indemostrable, tampoco lo podrían ser para él... En este afán de exculpar de todas las irregularidades al PP, no debería ser un peligro que Bárcenas destruya pruebas, sino un alivio para los investigadores.

Arrumbadas todas las verdades de los papeles de Bárcenas sin haber registrado las sedes de los constructores ni haber revisado el patrimonio de los dirigentes sospechosos hasta el último movimiento de visa, como se hizo en el caso Fabra, por ejemplo, habrá que poner el foco en cuáles fueron los negocios forzosamente ajenos a dicha caja b, a tenor del discurso jurídico oficial, que nutrieron sus cuentas suizas desde los años ochenta.

Pero los abogados de todos los partidos implicados en casos de corrupción en España deberían tomar buena nota de esta jurisprudencia que a marchas forzadas se está improvisando al calor del caso Bárcenas. A estas alturas, en lo tocante a corrupción, hay que ser torpe para cometer delito desde un partido. En general, desgrava.