Bárcenas: “Es mi mano la que entrega el sobre a la señora De Cospedal”

El acto no era un debate electoral, ni una discusión parlamentaria, ni una tertulia de televisión, sino algo mucho más solemne: un juicio civil por una demanda de protección del honor. Sin embargo, la vista oral se convirtió en un acto involuntario de comunicación política, con resultados devastadores para el PP. Por espacio de tres horas y media, el demandado, el extesorero popular Luis Bárcenas, en prisión, disfrutó de una plataforma inmejorable para relatar su versión sobre la contabilidad secreta y los supuestos sobresueldos cobrados por la cúpula del partido entre 1990 y 2008. “Esas dos anotaciones manuscritas están hechas por mi mano y esa misma mano es la que entrega un sobre a la señora Cospedal con esas cantidades”, dijo en referencia a las dos supuestas entregas de 7.500 euros en dinero negro en 2008 a la demandante, la secretaria general popular y presidenta de Castilla-La Mancha, con la mantiene una auténtica guerrilla interna hace años. Son los dos apuntes de su contabilidad manuscrita que le costaron la demanda de Cospedal que derivó este viernes en el juicio civil.

La afirmación de Bárcenas, realizada por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, retumbó en los juzgados de Toledo, donde Cospedal interpuso la demanda de protección del honor el pasado 1 de marzo— un mes después de que este periódico publicara los papeles de Bárcenas— y donde este viernes se celebró la vista oral. La decisión de la número dos del PP de mantener la acción judicial hasta el final propició que por primera vez se escuchara la voz de Bárcenas contando los detalles de su contabilidad, con el consiguiente efecto de amplificación del mensaje a través de los medios audiovisuales. Hasta ahora, solo se contaba con la transcripción de su última declaración, el pasado 15 de julio ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Bárcenas, en esencia, relató ante el juez de Toledo Jesús Yunta lo mismo que ya sostuvo ante el juez Ruz: que entregó 7.500 euros en b a la secretaria general del PP el 7 de julio y el 14 de octubre de 2008. “La primera de las entregas la hice en su despacho de la séptima planta de Génova 13 y la segunda en su despacho del Senado; creo recordar que fue así”, afirmó Bárcenas desde la pantalla de plasma. Desde la primera fila del público, la aludida miraba el monitor con sonrisa irónica.

La contabilidad secreta de Bárcenas recoge pagos opacos por un total de 7,5 millones de euros de empresarios del sector de la obra pública al PP entre 1990 y 2008. Este dinero se utilizó supuestamente para hacer frente a gastos electorales y ordinarios de la formación conservadora y para abonar sobresueldos, generalmente trimestrales, a su cúpula.

“Esos pagos se hicieron porque el anterior secretario general Ángel Acebes; el anterior, Javier Arenas y el anterior, Francisco Álvarez-Cascos, todos ellos cobraban un complemento de sueldo en b, o sea en efectivo y sin retención de ningún tipo. Con ello, el partido compensaba el nivel retributivo que creían que debía tener. Esa cantidad, siguiendo la tradición, la percibe también la señora Cospedal”, añadió el extesorero. “Cuando Ángel Acebes deja la secretaría general [en junio de 2008 tras el Congreso de Valencia], empieza a cobrar Cospedal”, aseguró el extesorero. “En febrero de 2009, con el caso Gürtel, se paraliza la entrada de donativos y se reparten los saldos que quedan en la contabilidad paralela a Rajoy y Cospedal”, añadió. Preguntado por la ausencia de documentación o testigos que corroboren los pagos ilegales, Bárcenas zanjó: “Las entregas se realizaban directamente a las personas; en las entregas de dinero negro no hay testigos normalmente”. El abogado de Cospedal, Adolfo Prego, puso de relieve que las cantidades supuestamente percibidas por su cliente eran “exiguas” en comparación con las de otros líderes populares. “Las cantidades hay que compararlas con lo que cobraba el presidente del partido y la de los otros secretarios generales; solo le dio tiempo a cobrar dos trimestres, por eso son exiguas”, replicó el extesorero, cuyo testimonio solo había sido solicitado por la representación legal de Cospedal y por ninguna parte más.

Cuando le llegó su turno, Cospedal rechazó rotundamente, como ya ha hecho en distintas ocasiones desde el 31 de enero, haber cobrado cantidad alguna en negro de manos de Bárcenas. “No he cobrado las cantidades de los apuntes de los papeles ni los otros a los que ha hecho referencia el demandado, que ha hecho declaraciones falsas y muy demostrables [que son falsas]”, replicó Dolores de Cospedal.

Sobre los 200.000 euros supuestamente entregados por la constructora Sacyr para financiar su campaña de las elecciones autonómicas de 2007 a cambio de la adjudicación de la contrata de recogida de basuras de Toledo, que también ha comenzado a investigar Ruz, la número dos del PP fue tajante. “Tengo puesta otra demanda de protección del honor por esta acusación falsa”, recordó.

Donde la número dos del PP fue menos rotunda fue cuando le preguntaron si otros miembros de su partido han cobrado sobresueldos opacos. “No sé si otros han recibido sobresueldos; ante mi pregunta me han contestado que no”, se limitó a señalar al juez.

La demanda de Cospedal, que solicita 100.000 euros de indemnización, se dirigía inicialmente contra Bárcenas y contra el Grupo Prisa, sociedad editora de EL PAÍS. La número dos del PP sostenía que los documentos publicados por este periódico eran “falsos” y que fueron elaborados por Bárcenas de un tirón con objeto de “chantajear a los responsables del partido y difamarlos”. Durante la instrucción llevada a cabo por el juez Ruz, varios de los supuestos receptores de los fondos, entre ellos el presidente del Senado, Pío García Escudero, o el dirigente de Unión del Pueblo Navarro Jaime Ignacio del Burgo, reconocieron la veracidad de los apuntes que les afectan. Además, varios peritos calígrafos, tanto privados como designados por el juez Ruz, han decretado sin ninguna duda que la letra de los papeles es de Bárcenas, y que estos se realizaron a lo largo de varios años. Este viernes, otro perito nombrado por el juez Yunta se manifestó en ese mismo sentido.

En la sesión, Bárcenas dijo que él no fue quien entregó su contabilidad manuscrita al periódico y atribuyó la filtración a la “deslealtad” y “traición” de su antiguo amigo el exdiputado Jorge Trias Sagnier, a quien en 2010 le facilitó los originales durante una mañana. Tras esta declaración y con los dictámenes caligráficos sobre la mesa, el abogado de Cospedal anunció que desistía de la demanda contra este periódico para continuar la causa civil exclusivamente contra el extesorero. “La causa de demandar a EL PAÍS obedecía a la creencia de que había publicado cosas subjetivamente inauténticas. Esto no quiere decir que no sean inveraces”, explicó su letrado Adolfo Prego.

Apenas unas horas después, los dirigentes populares Javier Arenas, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Ángel Acebes, retiraron la demanda que habían interpuesto conjuntamente contra este periódico, en “coherencia” con lo realizado por Cospedal.

Pese a que momentos antes había renunciado a la demanda, la representación legal de Cospedal insistió en citar como testigo al director de este periódico, Javier Moreno. “El señor Bárcenas nos enseñó los papeles muchos meses antes de que tuviéramos acceso a ellos. Él nos los mostró pero nunca nos los entregó (...) El periódico estuvo meses intentando conseguir los papeles por todas las vías posibles y al final lo logró”, recordó Moreno.

La sesión se inició puntualmente a las 10.00 con la exposición de una cuestión previa de técnica jurídica. El abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, sostuvo que existe un problema de “prejudicialidad”. Es decir, que al existir una investigación penal en la Audiencia Nacional sobre los papeles del extesorero, la cuestión civil debería quedar en suspenso hasta que hubiera una sentencia en aquella. El fiscal, José Ignacio Hernández, se adhirió a esta petición, lo que hizo creer que la vista oral no se celebraría en la jornada de este viernes. Sin embargo, el juez Yunta decidió que el juicio se terminara y que él decidirá más adelante a través de un auto —resolución razonada— si conviene retrasar la sentencia de la demanda civil hasta el momento en que se resuelva la causa penal principal.