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‘Na Munar’, de presidenta a delincuente

Epílogo negro de corrupción y cárcel a una biografía de poder

Munar, antes de ingresar en prisión preventiva en julio.
Munar, antes de ingresar en prisión preventiva en julio.M. T. Diez (EFE)

El Tribunal Supremo ha validado este martes una condena de cinco años y medio de cárcel por corrupción contra la expolítica Maria Antònia Munar (Barcelona,1955), pronunciada por la Audiencia de Palma en 2012. Munar fue hasta 2011 presidenta del Parlamento de Baleares con los votos de la izquierda. Antes, había sido durante doce años presidenta del Consell de Mallorca y también consejera balear e insular de Cultura, tras pactar alternativamente con el PP y el PSOE. En su pueblo, Costitx, fue alcaldesa durante más de dos décadas, desde la UCD de 1979.

Los magistrados del Supremo han puesto un epílogo negro en la biografía de poder de la letrada y empresaria, exlíder de Unió Mallorquina (UM) que deberá seguirá en la cárcel de Palma para cumplir esta pena firme. Tiene otra condena pendiente de recurso ante el Supremo de seis años, así como otras causas aún en instrucción. La Audiencia, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, pidió en julio su ingreso preventivo en la cárcel por riesgo de fuga, dado su patrimonio y caudal económico por sus negocios y supuestas dádivas cobradas.

Mientras era presidenta del Consell con los votos del PP, entre 2003-2007, y lideraba UM, Munar usó 300.000 euros de origen desconocido para adquirir, mediante testaferros, una productora de televisión, para tener un medio afín. Tras tomar el control del medio, lo subvencionó con fondos públicos.

Su exmano derecha –el exconsejero de Turismo Miquel Nadal, condenado a dos años y encarcelado por otras condenas firmes– desveló a los jueces la trama corrupta, tras la confesión de tres arrepentidos, los empresarios vendedores de la compañía Video U. Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Ramon Rullán.

Con Munar estarán en prisión otros de sus colaboradores, la exjefe de prensa del Consell, la periodista Margarita Sotomayor, condenada a cinco años y el exdirector de la radio Ona del Consell, Alfredo Conde, a dos años y siete meses.

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UM, minoría bisagra, disfrutó del poder con los Gobiernos del PP a la izquierda y los nacionalistas. UM era el espejo de Munar, gestó el partido a su imagen, rodeada de fieles. Esta antigua figura política, ahora para los jueces una delincuente por corrupción, fue determinante de la estructura del poder desde 1983 hasta 2011 cuando fue imputada estando en la mesa de la cámara. Pasó a la cárcel, preventivamente por riesgo de fuga el 24 de julio, tras la segunda condena de la Audiencia de seis años por corrupción política-urbanística con un solar de can Domenge del Consell de Mallorca.

Con dos condenas de un total de 11,5 años de cárcel y acusada en otra causa de asociación ilícita, es aún para su clan y sus medios afines o bajo su control “sa presidenta” o “la princesa” y, con distancia, la llaman “na [ella es] Munar”. Protagonista periodístico y personaje omnipresente en la vida política y en las tramas de influencia de Mallorca. En su entorno, con ironía, llegaron a llamarla “la más rica de Mallorca” y la que “más manda”

Munar siempre aguantó los embates, a los que se sumó un cáncer en los últimos años. Tiene amparo en sus medios afines. Dura negociadora, implacable ante sus interlocutores, durante el juicio susurró que los jueces y los fiscales estaban en su contra. Sus exégetas dijeron que estaba siendo sometida a un juicio político. En los años 90, el ahora popular juez José Castro investigó, en vano, el posible cobro de dádivas en forma de obras de arte en el entorno.

El 28 de noviembre de 1992 EL PAIS publicó la primera noticia periodística sobre un episodio de denuncia de sus supuestos negocios sucios: “Un colaborador de Munar obtuvo 150 millones en publicidad”, casi un millón de euros públicos de su consejería de Cultura con el PP. Con la empresa familiar de transportes, de grava, desmontes y maquinaria, Bamusa, tejió desde el poder un pequeño imperio familiar de fincas, casas, pisos y naves industriales. La Fiscalía Anticorrupción y los jueces han registrado casas y cajas fuertes y no han hallado la pista del supuesto caudal corrupto.

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