El pulso de los barones por la financiación desborda a Rajoy

Los presidentes autonómicos del PP y la plana mayor del partido demostraron ayer que, pese al calendario impuesto por el Gobierno, la revisión del sistema de financiación ya está sobre la mesa. Al menos, ha llegado el momento para debatir el modelo y plantear exigencias al jefe del Ejecutivo y al ministro de hacienda, Cristóbal Montoro. Eso hicieron, con matices y planteamientos distintos, los barones que acudieron al Comité Ejecutivo Nacional de los populares. El debate entre los dirigentes territoriales a cuenta del sistema de financiación, con el madrileño Ignacio González a la cabeza, desbordó a Mariano Rajoy, quien trató de enfriar la avalancha de peticiones esgrimiendo unos plazos y comprometiéndose a publicar las balanzas fiscales en diciembre.

En primer lugar, el jefe del Ejecutivo contestó al presidente de la Comunidad de Madrid, que reclama un nuevo modelo para antes del 1 de enero de 2014 como señalaba en un artículo publicado ayer por EL PAÍS. Pero Rajoy rechaza esa urgencia. Antes de esa fecha, anunció, solo se presentará la evaluación del sistema a revisar. Y ese cambio, añadió, “se abordará” el año próximo, después de la reforma fiscal prevista para marzo. Pero González insistió. A puerta cerrada, mantuvo que el modelo caduca en tres meses y que una disposición adicional de la ley obliga a revisarlo ya, ante lo que Rajoy y Montoro le replicaron que se trata de una interpretación errónea. Según su lectura, el modelo, aprobado en 2009, no tiene fecha de caducidad. El titular de Hacienda, además, le pidió abiertamente, según fuentes de la reunión, que deje de hablar en esos términos de la reforma.

A pesar de las discrepancias, asistentes al Comité Ejecutivo aseguraron que el tono del debate no alcanzó en ningún momento el enfrentamiento ni las tensiones de septiembre de 2012, cuando la cúpula popular chocó con dureza por la política penitenciaria de Jorge Fernández y la gestión del caso Bolinaga. Ayer la plana mayor del PP, acostumbrada al silencio en la reuniones internas, vivió un debate de fondo sobre una cuestión fundamental para la gestión de las comunidades autónomas y las relaciones entre los Gobiernos regionales y el Ejecutivo central.

Hubo quien apoyó abiertamente la tesis de González, como el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, y también quien le reprochó la publicación de su artículo en EL PAÍS, en el caso de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi. Pedro Sanz, histórico barón y presidente de La Rioja, pidió que “la oposición la hagan los otros” y no el PP desde dentro.En cualquier caso, el presidente madrileño se limitó a reiterar el mismo mensaje que trasladó a Rajoy en la reunión que mantuvieron ambos el pasado 3 de septiembre en La Moncloa, en la que el jefe del Ejecutivo mantuvo que hay que cambiar el modelo de financiación y se cambiaría.

Ya en la puerta de Génova, 13, el presidente regional se dio públicamente por satisfecho. “Hay un compromiso claro de que el modelo se va a cambiar”, afirmó antes de enfatizar otros de los aspectos debatidos en el Comité Ejecutivo: “Todos vamos a estar en el mismo modelo de financiación, discutido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y aprobado por unanimidad, lo que es muy importante para que todos tengamos claro de qué estamos hablando en este asunto”.

Intervinieron casi todos los presidentes autonómicos. Muchos lo hicieron para dejar clara su oposición a la propuesta de limitar la solidaridad entre autonomías y la singularidad de Cataluña que plantea la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, en un intento de frenar las pretensiones soberanistas del presidente de la Generalitat, Artur Mas. José Antonio Monago (Extremadura), Juan Vicente Herrera (Castilla y León) y Rudi (Aragón) pidieron que no se cuestione ese principio para favorecer a Cataluña. Rajoy trató entonces de tranquilizar a los suyos negando que la Generalitat esté mal financiada. También tomó la palabra Sánchez-Camacho, y lo hizo para dejar claro que la propuesta del PPC es compatible con los planteamientos que defiende la dirección nacional del partido y se fundamenta “en la solidaridad y la igualdad”.

Rajoy habló de economía, defendió los Presupuestos Generales del Estado, criticados internamente por casi todas las autonomías del PP, y se comprometió a que antes de final de año se publiquen las balanzas fiscales, los cuadros que reflejan lo que se recauda en impuestos en cada comunidad y lo que, después, revierte en inversiones o fondos de solidaridad. Unos datos que pueden resultar incómodos para algunas comunidades porque muestran las que reciben más de lo que aportan y viceversa.

Este anuncio inquietó a Monago, Herrera y Valcárcel, quienes se mostraron recelosos ante esa publicación y ante una posible “distorsión” y agravios comparativos. Recordaron, además, que se pueden publicar otros datos, por ejemplo, los déficits de infraestructuras. Montoro trató de calmar las aguas y la número dos del PP, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, aseguró después de la reunión que las balanzas no serán la única referencia dl Ejecutivo para preparar el nuevo modelo de financiación. González se mostró, por su parte, “muy satisfecho” por el compromiso asumido por Rajoy y, a la salida, reclamó que se haga “con toda la transparencia, sin ningún tipo de ajuste”.

En cualquier caso, para la revisión de la financiación es pronto, según el Gobierno. En ese mensaje insistieron Rajoy, Montoro y la propia Cospedal. El ministro de Hacienda destacó en su intervención que el sistema de financiación se cambiará cuando el país logre un mayor crecimiento económico y, para evitar nuevos incendios, exigió a todos los barones que aborden ese debate “en positivo” y “con lealtad”.

Cospedal quiso dejar claro en su comparecencia ante los medios que “el PP siempre ha estado en contra del actual modelo de financiación, pero la prudencia aconseja que se cambie cuando sea posible hacerlo, no en medio de una crisis sino en una situación de crecimiento”.

La crisis soberanista en Cataluña y el pulso entre Mariano Rajoy y Artur Mas ha acelerado este proceso. Pero en el PP siguen discrepando sobre el modelo. Y, aunque, el Gobierno se niegue a acelerar los tiempos, el debate y el pulso entre barones territoriales está servido.