La izquierda ‘abertzale’ teme que el ‘caso Herrira’ sea un aviso de su ilegalización

Ha sido una tormenta perfecta. Empezó por el comunicado de ETA del 27 de septiembre en el que aseguró que no iba a cuestionar su historia violenta. Después ha venido la más que polémica detención de 18 miembros de Herrira, la asociación de ayuda a los presos de la banda, por orden de la Audiencia Nacional, bajo la acusación de integración en banda armada, algo sin fundamentar en el informe policial. Ha seguido con el precinto y la concentración con insultos de “fascistas”, por parte de abertzales radicales ante la sede del PP donostiarra, y con la multitudinaria manifestación de respuesta por la operación policial contra Herrira, que se celebró ayer en Bilbao organizada por la izquierda abertzale. Estos acontecimientos han retrotraído a Euskadi al túnel del tiempo, a la era de la acción-represión-acción. Pero solo temporalmente, porque el terrorismo abandonó hace dos años el escenario vasco y no hay síntomas de que vaya a regresar.

Fuentes del máximo nivel de la izquierda abertzale aseguran que el que esta semana el proceso de consolidación del fin de ETA haya dado un paso atrás con la operación policial contra Herrira no significa que se vaya a producir un retroceso general. Los mismos dirigentes consultados vaticinan que próximamente habrá un comunicado de ETA —se especula en torno al 20 de octubre, segundo aniversario del cese definitivo de la banda— sobre el desarme y la asunción de la legalidad penitenciaria por sus presos, en respuesta a la petición del denominado Foro Social, un colectivo próximo a ese sector. La duda estriba en el grado de compromiso del comunicado: una declaración genérica por el desarme o su materialización. También confirman que el Comité de Verificación Internacional mantiene sus contactos con ETA para materializarlo. Las dudas son agrandadas por el rechazo del Gobierno del PP a cualquier diálogo, ni siquiera a través de intermediarios, sobre un plan de paz por presos.

En todo caso, la izquierda abertzale pretende despejar dudas sobre su compromiso mayoritario de renunciar a la violencia, como ha puesto de manifiesto la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, con la convocatoria de la manifestación. A su vez, Sortu condenó el pasado fin de semana un pequeño brote de violencia callejera en Bizkaia, y sería conveniente que lo hiciera con los acontecimientos ante la sede del PP donostiarra del viernes.

La izquierda abertzale teme que la detención de los 18 miembros de Herrira sea el aviso de una próxima actuación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para promover la ilegalización de Sortu. Esta es una clave de la manifestación de ayer en Bilbao.

Las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández, han avalado estos temores cuando dijo que Herrira es un “tentáculo de ETA” y que la intervención policial contra la asociación de ayuda a los presos fue para presionar a la banda terrorista para que se disuelva. Y más aún, cuando la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, dijo ayer que lo sucedido en San Sebastián sería una prueba más si se estudia la ilegalización de Sortu.

Los informes policiales no han podido probar que los 18 miembros de Herrira pertenezcan a una organización armada, con lo que el juez ha tenido que poner en libertad a 14 de ellos, que ayer se fotografiaban juntos.

La crítica a la actitud del ministro se ha generalizado en los partidos vascos. El PNV ha firmado con Bildu un texto contra la “estrategia político-judicial” del Gobierno de Rajoy, al que acusa de “poner un nuevo obstáculo a la paz”. Nunca lo había hecho desde que Urkullu llegó a Ajuria Enea. También el PSE en Guipúzcoa se ha unido a Bildu para criticar lo que consideran una operación más política que ajustada a derecho con la detención de los miembros de Herrira.

El Gobierno de Rajoy, dos años después de la declaración del cese definitivo de ETA, no solo no ha dinamizado la política penitenciaria, como le reclaman el PNV y el PSE. Con su polémica operación policial, en vez de contribuir a la disolución de ETA, como proclamó el ministro del Interior, lo que ha hecho ha sido dividir a las formaciones democráticas vascas, colocar en situación incómoda al PP vasco y coadyuvar al victimismo y al atrincheramiento de la izquierda abertzale.

A su vez, propicia que los más reacios al cambio en la izquierda abertzale se crezcan cuando es necesario mantener la presión sobre ETA para que avance hacia el desarme, la disolución y la reinserción individual de sus presos. Un tema cuya responsabilidad incumbe a ETA y a la izquierda abertzale, como el viernes recordó Urkullu.

Cada vez se hace más urgente un consenso político sobre el ordenamiento del final de ETA, al menos en los retos más inmediatos, como las víctimas y la política penitenciaria. En próximas semanas, el Tribunal de Estrasburgo sentenciará sobre la doctrina Parot. Tal y como están las cosas, el enfrentamiento entre el Gobierno del PP y el vasco, del PNV, y el PSE está asegurado.