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COLUMNA

El liderazgo de Mas

La patronal catalana Foment del Treball aprobó la semana pasada adherirse al documento a favor del derecho a decidir elaborado por el expresidente del Parlament Joan Rigol, y no hacerlo al Pacte Nacional pel dret a decidir por considerar que es una plataforma de acción política que se aleja de las funciones de su organización. La explicación es equívoca porque también la iniciativa de Rigol es una plataforma política; pero resulta significativo de la situación actual de esa comunidad que los empresarios catalanes se atrevan a distanciarse de otras cosas pero no de ese principio presentado como un derecho incuestionable.

Mas no es el inventor de la argucia de traducir el principio de autodeterminación (de aplicación restringida a determinadas situaciones) como derecho a decidir. Lo popularizó en la pasada década el lehendakari Ibarretxe para restar dramatismo al plan rupturista que planteaba. La pregunta de su famosa consulta (que no llegó a convocarse) pedía asentimiento a una negociación para alcanzar un acuerdo sobre “el ejercicio del derecho a decidir”.

Artur Mas lleva un tiempo emplazando a Rajoy a decir si el Estado español aceptaría una consulta para “conocer la voluntad del pueblo de Cataluña sobre el futuro político del país”, y también (en su carta al presidente) a “dar una respuesta política a la demanda de democracia del pueblo de Cataluña”. Se trata de la formulación más candorosa de la autodeterminación, identificada además como sinónimo de democracia. En caso de respuesta afirmativa le insta a negociar el marco legal para la consulta; si es negativa no habrá nada que negociar. Por tanto, la consulta no es cuestionable; solo lo es la fórmula para legalizarla.

El eje del debate pasa de la independencia al apoyo a la consulta como frontera amigos/enemigos

En el debate de política general de la semana pasada Mas y su partido votaron una resolución sobre el derecho a decidir según la formulación de Rigol a fin de constituir en torno a ella una amplísima mayoría que incluyera al PSC; pero también plantearon (y aprobaron junto a ERC, ICV y la CUP) otra resolución por la que se insta formalmente al Congreso a autorizar la consulta soberanista antes de fin de año. Esa formulación produjo sorpresa y desconcierto, pero seguramente tenía que ver con la sugerencia planteada en su momento por el expresidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, según la cual el Parlamento catalán podría solicitar al Congreso autorización para convocar un referéndum consultivo en esa comunidad destinado a conocer, antes de plantear cualquier otra iniciativa, la voluntad de los catalanes respecto a la independencia.

Es un planteamiento discutible, pero los asesores de Mas lo cogieron al vuelo para su lista de posibles fórmulas de legalización. Entre otras cosas, porque, por su condición de referéndum no vinculante, ofrece la oportunidad de sumar al soberanismo a personas que no se consideran independentistas pero deseosas de no quedarse al margen de lo que se presenta como evidencia social: el derecho de los catalanes a decidir sobre su futuro.

Esto explica el deslizamiento que se está produciendo desde el referéndum vinculante de autodeterminación sobre la independencia, que sigue reclamando ERC, hasta el consenso forjado en torno a una consulta no vinculante cuya naturaleza no se especifica pero que se considera expresión del derecho a decidir; la consecuencia es que el eje del debate se traslada desde el contenido de esa consulta (razones a favor y en contra de la independencia) al apoyo a la consulta misma, constituida en principal demarcación entre amigos y enemigos.

Es un planteamiento interesado. Por una parte, ese repliegue trata de evitar que afloren las divisiones existentes en los partidos y coaliciones en torno al objetivo independentista; por otra, y puesto que es probable que no haya consulta y sí elecciones anticipadas, Mas trata de impedir que la disputa por la hegemonía en el campo soberanista se decante electoralmente del lado de Esquerra, lo que ya se ha visto que ocurre si el debate se plantea sobre la independencia; mientras que si se plantea alrededor del derecho a decidir, Mas podría aspirar a ser el líder de una mayoría forjada en torno a ese principio.

De ahí la insistencia de Junqueras en que Mas fije fecha y pregunta. Para volver a situar el debate en su terreno antes de que se pase la oportunidad derivada de la crisis política y económica. Pues, frente a quienes sostienen que el independentismo seguirá en ascenso, comienzan a aparecer síntomas de lo contrario. El primero, el discreto distanciamiento de intelectuales y periodistas, pero también universitarios y ex altos cargos de la Generalitat, de la unanimidad soberanista. Unos y otros han chocado con los aspectos más siniestros que se ocultaba tras el ilusionante proyecto, como la pretensión de crear un fichero de adhesiones a las iniciativas impulsadas por el Govern (para pasar lista de discrepantes) o el trato dispensado a disidentes reales o potenciales, como Duran Lleida.