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Anticorrupción reclama a 13 años de cárcel al dirigente del PP, Carlos Fabra

La Fiscalía fija una multa de 1,9 millones y una indemnización de otros 692.000 euros

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación definitivo para el caso Fabra, en el que reclama 13 años de prisión y 15 de inhabilitación para el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra. Acusa al dirigente popular de la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública, por los que le reclama una multa de 1,9 millones de euros de multa y el pago de una indemnización de otros 692.000 euros.

Después de casi diez años de investigación, Fabra se sentará en el banquillo de los acusados el próximo día 2 de octubre durante el juicio por el que pasarán, como testigos, cuatro exministros de Aznar. Uno de ellos, Miguel Arias Cañete, volvió a ocupar la cartea de Agricultura. Otros dos, Celia Villalobos (Sanidad) y Jesús Posada (Agricultura), ocupan actualmente la vicepresidencia y la presidencia de las Cortes, respectivamente. El cuatro, Juan Costa, fue ministro de Ciencia de Tecnología y diputado por Castellón. También declarará el actual vicesecretario de Estudios y Programas del PP y diputado nacional, Esteban González Pons.

El fiscal considera probado que Fabra mantuvo diversas reuniones "tanto con responsables políticos como administrativos" de los Ministerios de Agricultura y de Sanidad así como con diputados con el fin de agilizar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos sanitarios que quería comercializar un industrial, entonces, amigo suyo. El fiscal señala que el dirigente del PP utilizó una sociedad de la que era administrador único para "ocultar los pagos realizados" por el empresario beneficiario de sus gestiones y que llegó a ingresar en sus cuentas cerca de dos millones de euros que "no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta declarada y que fueron ocultados a Hacienda". Además, su esposa ingresó otros 1,4 millones de procedencia no justificada y que tampoco declaró a Hacienda. Por ello, considera que el fraude entre 1999 y 2003 alcanzó los 692.000 euros, que es la cantidad que se le exige como indemnización, más los intereses devengados, en el caso de Carlos Fabra. A su exesposa, para la que pide seis años de cárcel por tres delitos fiscales, le atribuye un fraude de más de 400.000 euros.

El escrito de acusación relata cómo, tras varios contactos en los ministerios, se constituyó la sociedad Artemis 2000, de las que eran socias la entonces esposa del empresario Vicente Vilar y la esposa de Fabra, María Amparo Fernández. "Fabra continuó en su tarea de intermediación ante autoridades políticas y administrativas en favor no ya solo de las empresas propiedad de Vilar sino también de su esposa", indica el fiscal.

Por su parte, la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, reclama los mismos años de cárcel pero eleva la multa a 8,1 millones y la indemnización a 886,475 euros. Además, pide 18 años de inhabilitación.

Además de Fabra, en el banquillo de los acusados se sentará también el empresario que le denunció, Vicente Vilar, un industrial que fue amigo suyo y que acabó denunciándole y acusándole de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Los "favores" consistían en tratar de agilizar las licencias para la fabricación de productos fitosanitarios ante los ministerios de Agricultura y Sanidad, durante los gobiernos de José María Aznar.