Las defensas dicen que la acusación del ‘caso Faisán’ se basa en “nada”

El juicio del caso Faisán sobre el supuesto chivatazo al aparato de extorsión de ETA en mayo de 2006 ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Nacional después del alegato final de las defensas de los dos acusados, el ex jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector jefe José María Ballesteros. Los dos letrados han tratado de desmontar los principales elementos de la investigación sobre la supuesta filtración y han hecho patente su malestar por la intervención del fiscal Carlos Bautista el pasado jueves. El abogado de Ballesteros, José Luis Vegas, ha sido el más duro contra el representante del ministerio público: “No se puede faltar al respeto al Cuerpo Nacional de Policía en su conjunto para acomodar los testimonios a tus intereses”.

La letrada de Pamies, María Ponte, ha señalado que la investigación parte de un elemento erróneo: el cuadro de Excel en el que se relacionan las llamadas del teléfono de su cliente y los movimientos del dueño del bar Faisán, centro de captación de fondos etarra, Joseba Elosua. Según ella, “el cuadro Excel es erróneo. Las horas son incorrectas. La cinta de video no tiene un retraso de tres minutos, sino de seis”. Este desfase horario supone, para los letrados de la defensa, que la llamada de las 11.23 y de ocho minutos de duración entre Pamies y Ballesteros –en la que supuestamente este pasó un teléfono móvil a Elosua para alertarle de la operación policial- no es la llamada del chivatazo. En ese momento, el dueño del Faisán no estaba en el bar sino en la perfumería anexa al local y que regenta su hija. “Si Elosua está en la perfumería la llamada de las 11.23 no puede ser la del chivatazo”, ha considerado Ponte.

Según la letrada, “todas las conclusiones del equipo investigador contradichas por elementos del sumario”. Para empezar, Ponte sostiene que el chivatazo no fue el elemento que frustró la operación policial hispano-francesa contra la red financiera etarra. “La comisión rogatoria de la juez Laurence Levert dice que el 4 de mayo no hay detenciones porque no está traducido el informe marco” sobre la operación antiterrorista.

También rechaza Ponte que Elosua, tras recibir el soplo, destruyera posibles pruebas –dinero, cartas de extorsión o sellos de ETA- ocultas en una lonja de su propiedad junto al bar. “Elosua está todo el tiempo controlado, cómo le van a dejar suelto el día que prevén que baje Cau [el considerado recaudador etarra refugiado en Francia]. Se supone que la lonja estaba vigilada”, ha recordado la letrada.

También ha puesto de relieve la abogada que los investigadores del caso Faisán no controlaron y verificaron todas las llamadas posibles que se produjeron en torno al local de Elosua. “No se analizaron las redes francesas, ni las llamadas inferiores a cuatro minutos. Había unas 3.000 y las comunicaciones entre policías deben ser abundantes”, ha afirmado.

Sobre las 63 llamadas efectivamente analizadas, Ponte también ha arrojado dudas. La letrada ha citado tres casos que no se indagaron hasta el final: una de un ciudadano paquistaní con una tarjeta prepago a nombre de otra persona; otra de un funcionario de la Diputación de Gipuzkoa, cuyo móvil era utilizado a veces por su jefe, que nunca fue investigado; y otra persona que declaró que su novio le dejaba su móvil a mucha gente.

La abogada ha impugnado, además, el contenido de la radiobaliza instalada en el coche de Elosua y en la que quedó grabado cómo este relataba a su yerno, Carmelo Luquín, los detalles de la operación que le fueron relatados por un policía. También ha pedido que se anule la grabación en vídeo de la puerta del Faisán, en la que supuestamente se aprecia al inspector jefe Ballesteros en las inmediaciones del local, y que contiene dos cortes que, según la defensa, indican “manipulación” de este elemento indiciario. Finalmente ha reclamado que se dejen sin validez las prórrogas de las intervenciones telefónicas de su cliente.