El Gobierno traslada tranquilidad y no ve necesario regular el papel del Príncipe

El Gobierno quiere dar una imagen de normalidad institucional absoluta, a pesar de la nueva operación a la que se va a someter el Rey, que le puede tener hasta seis meses de baja. Descartada la abdicación, el Ejecutivo no quiere ni siquiera plantearse la posibilidad de desarrollar la ley que debería regular el papel del Príncipe, algo que la democracia española nunca ha hecho. Don Felipe no tiene ningún aforamiento, ni papel orgánico, ni poder delegado, tanto es así que el jefe de la Casa del Rey explicó ayer que el Príncipe no viajará a la Cumbre Iberoamericana de Panamá porque no puede sustituir a su padre, ya que sus funciones no son delegables.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, trasladó a la Casa del Rey la responsabilidad de informar de todo lo que tiene que ver con la salud del Monarca y, además, rechazó lo que compete al Gobierno, esto es la posibilidad de desarrollar la ley que regule las funciones del Príncipe. Y abundó en la idea de tranquilidad: “El jefe del Estado ha sido intervenido en varias ocasiones y ha seguido cumpliendo sus funciones con absoluta normalidad”, explicó.

Fuentes del Ejecutivo detallaron después, sin micrófonos, que este asunto, debido a las múltiples convalecencias del Rey, está ya “muy trabajado” y por tanto no hay ningún problema institucional ni jurídico. Entre las funciones básicas más urgentes del Rey está la firma de los reales decretos y distintas decisiones del Gobierno. Don Juan Carlos ya ha realizado esa firma muchas veces desde el hospital, y cuando está de viaje se le hace llegar. El Gobierno despeja así la idea de que sea necesario pensar en un relevo en la jefatura del Estado. Es un asunto que depende en exclusiva del Rey, explican en el Ejecutivo, y si él insiste en que ni siquiera se lo ha planteado es inútil darle más vueltas. Además, los miembros del Ejecutivo consultados en privado creen que no sería una buena salida, incluso aunque él estuviera dispuesto, porque no es el momento adecuado para una decisión de ese calibre.

Uno de los argumentos principales para el rechazo se basa en que aún quedan muchas incógnitas que despejar, en especial no se ha cerrado todavía el caso Urdangarin, el que más daño ha hecho y hace a la imagen de la Monarquía. Y, por tanto, la salida de Don Juan Carlos se produciría en un momento muy difícil. Por eso, y sobre todo porque él no quiere, se descarta totalmente desde el Ejecutivo esa decisión.

Cada vez que se ha producido alguna de esas operaciones, o que se ha recrudecido el debate sobre la abdicación, como cuando la puso sobre la mesa el líder del PSC, Pere Navarro —que fue desautorizado por el PSOE—, el Gobierno sale a descartar ese escenario. En ese contexto, desarrollar el papel del Príncipe sería un síntoma de una situación delicada, algo que el Gobierno no quiere trasladar. La consigna es clara: normalidad, todo sigue como estaba.