La Generalitat insiste en apartar al juez y exige disculpas por sus tesis

La resolución del Tribunal Constitucional contraria a la recusación de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, cogió al Gobierno catalán en plena reunión semanal, por lo que tuvo que improvisar una reacción a falta de estudiar los argumentos de los magistrados del alto tribunal para rechazar su demanda. El consejero de Presidencia, Francesc Homs, dejó claro que el Gobierno catalán no se da por vencido: “Persistiremos en nuestros argumentos, creemos que son sólidos”, dijo Homs. Aunque fuentes de la Generalitat subrayaron que el Ejecutivo no alberga esperanzas de lograr la recusación de Pérez de los Cobos. Homs espera, como mínimo, una disculpa por las polémicas declaraciones sobre Cataluña que el actual presidente del Constitucional hizo en 2005 y reveló EL PAÍS: “Los catalanes han sido educados en el desprecio a la cultura española”.

La Generalitat alegó que la militancia de De los Cobos en el PP era una causa objetiva de “pérdida de imparcialidad”. La petición de recusación afecta a 26 recursos relativos a Cataluña, del total de 47 casos de conflicto entre la Generalitat y el Estado: el Ejecutivo de CiU excluyó de la recusación las leyes impugnadas por la Generalitat o el Gobierno cuando gobernaba al PSOE.

De los recursos en tiempos del PP, el que más preocupa al Parlament y al Ejecutivo de CiU es el que debe dilucidar la constitucionalidad de la declaración sobre la soberanía del pueblo de Cataluña que la cámara catalana aprobó en enero. Un texto en el que se recoge que Cataluña es un “sujeto político y jurídico” y que supone los cimientos sobre los que el Gobierno de Artur Mas edifica el proceso soberanista.

De los litigios restantes, seis fueron abiertos por una reclamación del presidente del Gobierno. Son leyes económicas, como la tasa turística que aprobó la Generalitat en 2012 o el impuesto sobre depósitos bancarios, un gravámen básico para que el Gobierno catalán pueda cumplir con su promesa de poner fin a los recortes en los Presupuestos de 2014. Mariano Rajoy también pidió vetar preceptos de la ley audiovisual, de la ley de urbanismo, y de la ley de horarios comerciales catalana.

El PP tiene interpuestos otros seis recursos contra decisiones del Gobierno catalán, la mayoría de ellas relativos al uso del catalán en la comunidad, como la ley de Educación, la ley del Cine, la ley de la Comunicación Audiovisual de Cataluña, y el código de consumo. Entre las normas recurridas por los populares destaca la que sirvió para prohibir los toros en Cataluña.

Las doce causas restantes son recursos planteados por la Generalitat por inconstitucionalidad o conflicto de competencias. En este apartado sobresalen los Presupuestos Generales del Estado de 2012 —que según el Gobierno de CiU perjudican a Cataluña— y los reales decretos de recortes sanitarios y educativos aprobados el año pasado.

El aval a Pérez de los Cobos fue criticado por todos los partidos catalanes, a excepción del PP. “Esto es una muestra más de la decadencia del Tribunal Constitucional”, lamentó el portavoz de Convergència i Unió, Jordi Turull, que definió el alto tribunal como “un órgano político”. En la misma línea se pronunció la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira: “Es un órgano cuyos miembros están decididos por PP y PSOE. Que el Tribunal Constitucional esté presidido por un militante del PP explica también por qué, cuando debe pronunciarse con respecto a algo que afecte a Cataluña, no es un debate, es un monólogo”.

Las críticas también se extendieron fuera del partido del Ejecutivo y su socio. El Partit dels Socialistes consideró “una mala noticia para el propio tribunal” la presidencia de Pérez de los Cobos. Para Iniciativa per Catalunya, la negativa a recusar al presidente “evidencia que hay un trato desigual” en los recursos que afectan a Cataluña, en palabras de la portavoz Dolors Camats. Su homólogo en Ciutadans, Jordi Cañas, pidió despejar “cualquier sombra de falta de independencia”. En las antípodas de Cañas,Quim Arrufat, portavoz de la Candidatura d’Unitat Popular, sentenció que en España no existe la separación de poderes porque “el Constitucional siempre ha sido una instancia altamente politizada”.