El juez pide más datos a Hacienda y a los bancos para decidir si imputa a la Infanta
Reclama a varias entidades informes sobre uso de tarjetas asociadas a cuentas de la empresa
El juez José Castro tiene de nuevo sobre la mesa, la última papeleta antes de cerrar la instrucción del caso Nóos: la posibilidad de ordenar, de nuevo, la citación de la hija del Rey, la infanta Cristina, como imputada, por segunda vez, en esta ocasión por supuesto blanqueo de capitales.
El instructor recabó este lunes de la Agencia Tributaria más datos y aclaraciones sobre la vida fiscal de los duques de Palma y su empresa Aizóon. Reclama datos del “acrecentamiento patrimonial” y quiere ver todas las liquidaciones de impuestos de sociedades de Aizoon. De esta compañía son propietarios, al 50%, Iñaki Urdangarin y su esposa, que ahora vive en Suiza, tras abandonar Barcelona.
El instructor reclama a la Caixa que detalle el beneficiario final de un traspaso de 150.000 euros hecho el 27 de diciembre de 2006, de una cuenta ligada a los duques de Palma y su sociedad Aizóon. 2006 fue la época de apogeo millonario de Nóos y, en teoría, Urdangarin se desligó del negocio. El rastreo judicial de las actividades financieras abarca las tarjetas de crédito, sus titulares y beneficiarios y movimientos en la Caixa y el BBVA. Al Privat Bank Deegrof se le solicitan datos de una cuenta.
La Audiencia de Palma bloqueó la anterior citación a la infanta pero abrió al juez otra vía alternativa para investigar a la esposa de Iñaki Urdangarin: un posible delito de blanqueo de fondos de origen ilícito, generados por los negocios bajo sospecha y con destino para gastos en las obras en su palacete de Barcelona.
Hacienda y los magistrados de la Audiencia, con el fiscal Pedro Horrach, apartaron a la Infanta de toda responsabilidad en los supuestos delitos fiscales de los que se acusa a su marido al sostener que ella no era imputable en los fraudes fiscales de Urdangarin, por ignorar que la actividad fuese ilícita y porque no participaba en la empresa.
El escándalo alude a los supuestos negocios turbios con dinero público de Baleares y Valencia de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, a través de su Instituto Nóos.
