El PP aprueba la Ley de Transparencia sin el PSOE, con el PNV y CiU

"Dentro de unos años no podrán explicar por qué votaron en contra de la transparencia y por qué se situaron en el rincón oscuro del Congreso”. Con esta sentencia el diputado y dirigente del PP Esteban González Pons ha tratado hasta el último minuto que la tramitación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno concite más consenso. No lo ha conseguido en el Congreso, de donde la ley saldrá mañana hacia el Senado y del acuerdo solo participan CiU y PNV. Aunque todos los grupos reconocen la mejora del texto respecto a cómo salió del Consejo de Ministros, las excepciones y las carencias han llevado a votar en contra al PSOE, UPyD, Izquierda Plural, ERC, Amaiur, ERC, BNG, Compromís-Equo y Geroa Bai.

“Este es un paso humilde a favor de la transparencia que hace la democracia más fuerte”, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, artífice de la ley junto al diputado y secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. El exceso de límites y líneas rojas para acceder a la información que puedan demandar los ciudadanos es la causa fundamental del rechazo de la oposición.

La ley sale adelante con los votos del PP, CiU y PNV pero sin duda el empeño intenso de acordar de Ayllón y de la vicepresidenta del Gobierno han contribuido a que el buen tono llegue hasta el final aunque no haya habido acuerdo.

Todo un año ha transcurrido desde que el proyecto salió del Consejo de Ministros, y no ha sido en vano la dilación ya que la ley ha experimentado un cambio radical. Todos lo reconocen, aunque a continuación añadan que es insuficiente e incluso ponen en duda su efectividad. De entrada, se ha incluido bajo la lupa de esta ley a los partidos políticos, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, a la Casa Real, a las empresas que reciban un 50% de subvención pública, a las Iglesias, al Congreso y al Senado, al Banco de España y al Tribunal de Cuentas. Los ciudadanos podrán dirigirse a las administraciones para pedir información aunque las objeciones empiezan cuando se lee las limitaciones en el acceso a la información.

Precisamente las objeciones, las excepciones y las líneas rojas en los requerimientos de información es lo que ha hecho que el PSOE, Izquierda Plural, UPyD y los partidos del Grupo Mixto voten en contra, aunque con diferencias entre ellos. Había gran expectación en las razones que esgrimía el portavoz del Grupo Socialista, José Enrique Serrano, por cuanto que su contribución ha sido intensa de manera que ha permitido a los diputados populares Esteban González Pons y José Antonio Bermúdez de Castro reiterar en los últimos días que “en esta ley se tiene que reconocer el PSOE”, pero vota en contra por razones ajenas a la norma. Los socialistas han trabajado en la ley pero se retiraron de la ponencia cuando empezó el forcejeo para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareciera por el caso Bárcenas.

“La transparencia democrática entra en contradicción con la actitud de bloqueo del PP que se ha vuelto a ver ayer mismo”, ha respondido el socialista en referencia a que las nuevas iniciativas para que el presidente comparezca por el mismo asunto han sido rechazadas por el PP. Por tanto, sí hay en la actitud del PSOE razones ajenas a la ley estricta aunque el rechazo del PP a una veintena de sus enmiendas han sido esgrimidas para aportar razones de fondo.

Las razones del rechazo van desde el mantenimiento del silencio administrativo, según el cual con no responder a las peticiones de información la administración se lava las manos sin más esfuerzo, a la prevalencia de la ley de Protección de Datos sobre esta futura ley. El diputado de UPYD Carlos Martínez Gorriarán ha recordado que el PP acaba de invocar esa protección de sus datos para justificar “la destrucción de los ordenadores de Bárcenas”. Una doble ley de Transparencia saldrá del Parlamento a decir de Joan Josep Nuet, de ICV-EUiA, ( zquierda Plural), con un argumento que han esgrimido otros grupos, incluidos los portavoces que votan a favor de la ley como Jordi Jané de CiU y especialmente Emilio Olabarría del PNV. En efecto, la ley de un tratamiento especial a “las élites de la política” como ha denominado Nuet al referirse a la Casa del Rey, al Parlamento, al Banco de España, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, toda vez que establece más limitaciones que al resto de las administraciones.

No ha pasado por alto que para acceder a informaciones de la Casa Real se tiene que pasar por el filtro del secretario general de la Presidencia del Gobierno para que canalice las preguntas y la información que se requiera de la Jefatura del Estado o de los miembros de la familia del Rey. Las “14 excepciones” para negar la información de las administraciones las han sacado los portavoces de la oposición para criticar e ironizar. No obstante en estas limitaciones de acceso a la Casa del Rey o a las altas instancias no están las razones de rechazo del PSOE. Algo más en las que ha expuesto el peneuvista Olabarría. Por razones de “interés general”, porque se trate de “política económica”, o “medioambiental” o también porque del asunto del que se pregunte esté “en proceso de toma de decisión”, se puede rechazar la petición de información. “La discrecionalidad es absoluta”, han reiterado distintos portavoces. El problema está en que la ley no se concibe como “un derecho de los ciudadanos” sino de una “concesión” de la administración a los administrados, ha señalado Martínez Gorriarán de UPyD.

La vigilancia de la ley ha dividido igualmente a la Cámara. El socialista José Enrique Serrano, consideró inasumible que el Consejo de la Transparencia vote a sus miembros por mayoría absoluta y no cualificada por cuanto que el margen de discreción de un Gobierno es excesivo. Lo han discutido también Nuet, Olaia Fernández Dávila (BNG) y Rafael Larreina (Amaiur), entre otros. Se duda de su independencia porque al presidente lo nombra el ministro de Hacienda. La oposición ha criticado la imposibilidad de acceder en la práctica a los contratos de la administración, a la actividad de las entidades que prestan servicios en Sanidad, Educación y servicios sociales.

¿Por qué los nacionalistas del PNV y CiU sí votan a favor de la ley a pesar de algunas objeciones no menores? La respuesta está en la eliminación de los controles y dependencias de las administraciones autonómicas a la central, en concreto al Ministerio de Hacienda para sancionar a cargos municipales y autonómicos si incumplen la parte de la ley de Buen Gobierno. “Montoro no puede castigar a un consejero autonómico”, sintetiza un portavoz nacionalista. No dejará el PP de pedir el voto a favor hasta que la ley se plasme en el Boletín Oficial del Estado y aún queda el Senado y la vuelta al Congreso. “Si no la apoyan se habrán decantado por la oscuridad”, ha sentenciado el popular González Pons.