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España recrimina a la Comisión Europea su pasividad con Gibraltar

Madrid recuerda a Bruselas que debe vigilar que el Peñón cumple las leyes de la UE

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Tráfico de personas ayer hacia el centro de Gibraltar.

Tras la conversación telefónica que mantuvieron el pasado lunes el presidente español, Mariano Rajoy, y el de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, el Gobierno entregó el martes en Bruselas un memorándum confidencial de cinco folios, en el que expone sus puntos de vista sobre el contencioso de Gibraltar y los antecedentes de la actual crisis diplomática con el Reino Unido. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recuerda que la UE “no es competente para abordar la resolución de conflictos de soberanía” entre dos socios como España y Reino Unido, y que dichos países son “los únicos responsables de la aplicación de la normativa europea” en sus respectivos territorios. Pero recuerda que la Comisión Europea, “como guardiana de los tratados, deberá fiscalizar la aplicación del Derecho de la UE en Gibraltar”. Tras recordar que la actuación de la Comisión en este delicado asunto debe ser “siempre equilibrada”, el documento desliza reproches velados a Bruselas por su pasividad o demora a la hora de responder a las demandas de Madrid.

Esperamos una clara condena al lanzamiento de bloques al agua

En concreto, le pide “una clara respuesta condenando” el lanzamiento de 70 bloques de hormigón en aguas contiguas a Gibraltar; considera “imprescindible” que se pronuncie sobre el impacto medioambiental del relleno del fondo marino al este del Peñón; y le recuerda que, desde hace más de un año, España espera “que abra un procedimiento formal de investigación a la brevedad posible” sobre el régimen fiscal gibraltareño. Con todo, la queja más directa se dirige contra el portavoz de Barroso, quien el pasado lunes tachó de ilegal la tasa de 50 euros que estudia imponer España a los vehículos que crucen La Verja. “Lamentamos el precipitado y desinformado pronunciamiento público del portavoz de la Comisión”, dice el memorándum. Estos son sus párrafos textuales más destacados:

» Justificación de los controles en La Verja. Aunque en Gibraltar se aplica el Tratado de la UE, goza de un régimen excepcional que supone su exclusión de la unión aduanera, la Política Agraria Común y el IVA. Como el Reino Unido, Gibraltar no forma parte del Espacio Schengen. Por eso el protocolo número 20 del Tratado de Funcionamiento de la UE permite a los demás socios “ejercer en sus fronteras o en cualquier punto de entrada en su territorio controles sobre personas procedentes del Reino Unido o de cualquier territorio cuyas relaciones exteriores asuma el Reino Unido”.

» Lanzamiento de bloques. España está muy preocupada por los actos unilaterales de las autoridades locales de Gibraltar y sus repetidas violaciones de la normativa europea, así como por la falta de acción de Reino Unido. Recientemente, las autoridades de Gibraltar han perpetrado un nuevo y grave acto unilateral en materia pesquera y medioambiental; el lanzamiento en la bahía de Algeciras de 70 bloques de hormigón. Este tipo de actuaciones no resultan admisibles. Esperamos una clara respuesta de la Comisión condenando estos lanzamientos de bloques.

Además de provocar un grave daño medioambiental, la presencia de los bloques afecta a la pesca. Las medidas afectan a 19 buques con 85 tripulantes. Los caladeros afectados suponen un 25% de su actividad.

España considera que había acordado con el Reino Unido actuar de forma concertada para buscar una solución que permitiera la continuidad de la actividad pesquera conforme a criterios medioambientales mutuamente aceptados. De ahí la gravedad añadida de este acto unilateral y sin consulta previa. La única manera de reparar el daño causado es levantar los bloques de hormigón lanzados al mar.

» Bunkering y rellenos. El Gobierno español ha lanzado un procedimiento para denunciar y combatir otra práctica igualmente nociva, como es el bunkering [venta de combustible en alta mar] en las aguas colindantes a Gibraltar, que conlleva importantes riesgos medioambientales por vertidos al mar.

España ha venido reiterando su protesta ante las operaciones en la cara este del Peñón, en la zona de la playa del Algarrobo (Sandy Bay), consistentes en la construcción de dos espigones y el relleno con arena de la mencionada playa. Estas acciones implican un cambio en la configuración del espacio marítimo-terrestre incompatible con el Tratado de Utrecht. En relación con el impacto medioambiental de estas operaciones, es imprescindible que la Comisión se pronuncie sobre el cumplimiento de las directivas de la UE.

» Tasa por congestión. El Gobierno ha decidido estudiar la posibilidad de introducir una tasa por congestión en La Línea. Este sistema consiste en peajes a los usuarios de una red particular de transporte en los periodos/áreas de máxima demanda para reducir la congestión del tráfico. En la UE, un sistema de esta naturaleza fue adoptado por primera vez en Londres en 2003. Se está analizando la compatibilidad de esa posible tasa con la normativa comunitaria. La propuesta que presente España será plenamente compatible con las normas comunitarias, especialmente las que se refieren a la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capital.

» Régimen fiscal gibraltareño. Se caracteriza por su opacidad, especialmente del impuesto de sociedades. Según el fisco británico, Gibraltar tiene 21.770 sociedades registradas, de las que solo un 10% paga impuestos. Dado que la población de Gibraltar es de 30.000 personas, es obvio que gran parte de estas sociedades están constituidas por no residentes que buscan la evasión fiscal. El 1 de junio de 2012 España denunció ante la Comisión Europea el régimen fiscal del Peñón. Transcurrido más de un año, estamos a la espera de que la Comisión abra un procedimiento de investigación a la [mayor] brevedad posible.

El Gobierno español también está desarrollando medidas para combatir el fraude fiscal a través de sociedades pantalla gibraltareñas que ocultan la titularidad de más 3.000 inmuebles en España; así como de los más de 6.700 gibraltareños que tienen residencia real, pero no fiscal, en España y se benefician de los servicios sociales e infraestructuras sin pagar impuestos.

» Contrabando de tabaco. Entre 2010 y 2012, las aprehensiones de cajetillas de cigarrillos han aumentado en un 213%. En 2012 se importaron por Gibraltar 140 millones de cajetillas para una población de 30.000 personas. Es necesario controlar los tráficos por La Verja. Son controles obligatorios e irrenunciables.

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