La crisis económica frena la ‘feminización’ del Ejército
El porcentaje de mujeres en las Fuerzas Armadas se ha estancado en el 12%
En noviembre de 2009, Patricia Ortega se convirtió en la primera mujer teniente coronel de las Fuerzas Armadas españolas. Ingresó en la Academia Militar de Zaragoza hace 25 años, cuando los ejércitos abrieron por vez primera sus puertas a la mitad de la población excluida hasta entonces. Lo hicieron solo a medias, pues las mujeres únicamente podían acceder a 24 cuerpos y escalas. No fue hasta 11 años después cuando, con la ley del personal militar de 1999, se eliminaron todas las limitaciones y se les permitió acceder a cualquier puesto, incluidas las unidades de combate.
“La carrera profesional es exactamente igual para hombres y mujeres, no hay cuotas ni particularidades para ninguno de los dos sexos. Ambos tienen las mismas tareas, formación, responsabilidades, salario y régimen disciplinario”, afirma Ismael Kasrou, responsable del Observatorio Militar para la Igualdad del Ministerio de Defensa. Hay mujeres destinadas como pilotos de caza (1,7% del total), en submarinos (9,7%) o en operaciones especiales (4,5%). En febrero de 2007, la soldado Idoia Rodríguez Buján —alcanzada por una explosión en Afganistán— fue la primera militar española muerta en zona de conflicto.
Pero la equiparación legal no garantiza la igualdad real y, en una estructura piramidal como las Fuerzas Armadas, no pueden ser iguales el superior y el inferior jerárquico. En total, las mujeres suponen el 12,3% de los militares, pero mientras llegan al 16,9% de los efectivos de tropa y marinería, su porcentaje es muy inferior entre los cuadros de mando: 7,3% de los oficiales y 3,2% de los suboficiales.
Defensa aduce que en la carrera militar la antigüedad sigue siendo un grado y que en pocos años el porcentaje de comandantes o capitanes de corbeta de sexo femenino (6,3%) será el mismo que ya hay entre tenientes y alféreces de navío (13,7%).
“Como un secretaria de falda corta”
El Tribunal Supremo ratificó, en diciembre pasado, la condena a dos años y 10 meses de prisión impuesta al coronel Isidoro Lezcano-Mújica por dos delitos de abuso de autoridad de los que fue víctima una capitán a sus órdenes en el Regimiento de Transmisiones de Valencia. Según la sentencia, el coronel [entonces teniente coronel] ordenó que le acompañase a una reunión en Valladolid, “como secretaria, ya sabes, como una secretaria de falda corta”. Ya en dicha ciudad, aprovechó que ambos estaban sentados en una mesa de trabajo “para poner una mano en la pierna de la capitán, acariciándola y subiendo con ella hacia la entrepierna, haciendo ésta un movimiento de sorpresa al notar el contacto y levantándose bruscamente”. A la salida de una reunión, el coronel “detuvo a la oficial agarrándola por un brazo y comenzando a acariciarla; le decía que tenía que llevarse bien con él y que los IPECS [informes personales de calificación] eran muy importantes”. Al día siguiente, se acercó de nuevo a la capitán agarrándola de la mano y reprochándole tener confianzas con otro mando, a lo que ella le contestó que “mientras vistiera el uniforme, para él, ella era un capitán y no una mujer”. Y él le respondió “que se arrepentiría”. A partir de entonces, el coronel se dedicó a vejarla públicamente.
Pero es improbable que ello suceda. El 40% de las oficiales de los ejércitos son militares de complemento, por lo que no pueden ascender más allá de comandante. Además, solo el 7,19% de los 2.800 militares desplegados a principios de este año en misiones internacionales eran mujeres. Es decir, la presencia femenina en los contingentes en el extranjero es la mitad que en España.
La incorporación de la mujer ha obligado a cambiarlo todo. Desde diseñar nuevos uniformes hasta habilitar dormitorios y aseos separados en buques y acuartelamientos o adaptar las pruebas físicas de ingreso.
Más difícil ha sido conciliar la vida familiar y laboral, principal obstáculo en la carrera profesional de las mujeres. Kasrou destaca la batería de medidas aprobadas en los últimos años. La más reciente es una orden ministerial que permite posponer la incorporación a una operación internacional cuando esté pendiente un proceso de divorcio en el que se dirima la custodia de los hijos; en casos de embarazo de alto riesgo del cónyuge; por fallecimiento de la pareja o por un desahucio.
Las medidas de protección de la maternidad incluyen el aplazamiento de cursos y pruebas físicas por embarazo, parto o postparto, así como la prórroga del contrato de las militares temporales que estén en la misma situación. Defensa aprobó en 2005 un plan para instalar 25 guarderías en dependencias militares, que ya atienden a 1.200 familias, pero los recortes han impedido abrir otras nueve, tal como se anunció.
Por su parte, la normativa sobre jornada laboral prevé que los militares que tengan a su cargo un menor de 12 años (sobre todo, familias monoparentales) puedan flexibilizar su horario de trabajo, o pedir una reducción de jornada con la correspondiente merma de salario. En teoría, quienes se acogen a esta fórmula para cuidar a sus hijos están exonerados de guardias o maniobras pero solo, agrega la normativa, “cuando las necesidades del servicio no lo impidan”. Y es el mando el que aprecia cuáles son dichas necesidades. “¿Qué hago con mi hijo si se me obliga a entrar de guardia 24 horas o marcharme varios días de maniobras?”, se queja una soldado que ha renunciado a parte de su sueldo para poder atenderle.
El aspecto más delicado de la incorporación de la mujer es el riesgo de acoso sexual. En la última década los tribunales castrenses han dictado 25 condenas por abuso de autoridad o trato degradante, mientras que la Fiscalía togada ha intervenido desde 2010 en 86 procedimientos o diligencias por este delito. No se sabe, sin embargo, cuántos de ellos incluyen acoso o sexual, pues el Código Penal Militar de 1985 no contempla un delito específico. Esa es, precisamente, una de las novedades del anteproyecto de nuevo código. La existencia del nuevo delito permitirá conocer el alcance del problema, admite Kairou, quien niega que en España se hayan producido casos tan escandalosos como en otros ejércitos.
Las sentencias de los tribunales militares no son públicas, pero sí las de la Sala de lo Militar del Supremo. En su jurisprudencia figuran una docena de fallos sobre acoso sexual más o menos grave; la mayoría de las veces insinuaciones libidinosas y tocamientos indeseados. Pero no está claro que siempre se denuncie.
Un aborto y dos arrestos
La soldado M. T., madre de una niña de 12 años, destinada en Melilla, fue sancionada por el coronel D. V. con 30 días de arresto por ausentarse menos de 24 horas del cuartel. Una semana antes había acudido a una clínica donde se le diagnosticó un embarazo. El motivo de la ausencia fue viajar a Málaga para someterse a un aborto. Llamó varias veces a su unidad para avisar de su falta, pero nadie le contestó. A su vuelta, el coronel no dejó que se excusase a solas, por lo que todos se enteraron de su interrupción del embarazo. La soldado volvió a ser sancionada con dos semanas de arresto por el teniente coronel C. V. porque se retrasó media hora en llegar al cuartel. El mando no admitió que la soldado fuese a urgencias para ser atendida de sangrado, fiebre y dolor abdominal posteriores al aborto. Pasadas varias semanas, la soldado solicitó la baja por un trastorno depresivo. Aunque el médico militar recomendó 15 días de baja, el coronel retrasó el parte durante cinco días y al final solo se lo dio por seis. La soldado se tomó una baja psiquiátrica de tres meses y el coronel modificó las normas de visitas a enfermos, impidiéndole salir a la calle para comprar comida o llevar a su hija al colegio. El fiscal reclamó hasta cuatro meses de cárcel para los dos mandos. El tribunal les absolvió.
En el Ejército, más que en otras instituciones, la opinión del superior es determinante para la carrera del subordinado. Del informe personal de calificación (IPEC), que evalúa periódicamente a los militares, depende que puedan ascender, lograr un destino o prorrogar su contrato. La amenaza de una mala calificación puede llegar a ser un instrumento de presión o incluso de chantaje. Para evitarlo, Defensa ha determinado que el IPEC no dependa de la opinión de una sola persona y que haya mujeres en los órganos de evaluación para ascensos o destinos.
En los años que siguieron a la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas su presencia creció espectacularmente. En parte porque los ejércitos iban a la caza del recluta y las mujeres salvaron la falta de candidatos.
Sin embargo, la crisis ha frenado en seco este proceso y el porcentaje ronda el 12% desde hace ocho años. Lo más preocupante es que cada vez ingresan menos. Si en 2008 las mujeres representaban el 11,5% de los nuevos soldados y marineros, en 2011 solo eran el 4,8%. Aun peor es la evolución entre los cuadros de mando: el año pasado solo 17 mujeres (4,7%) consiguieron plaza como oficiales y, por vez primera, no hubo ninguna entre los suboficiales.
Antes de que acabe la década, España tendrá su primera general, aunque será un caso aislado si no se toman medidas para evitar que las mujeres sigan siendo un colectivo minoritario relegado a los escalones más bajos.
El Observatorio Militar para la Igualdad recibe anualmente unas 700 consultas, pero no puede atender quejas, ni solicitudes, ni denuncias. Estas últimas las resuelven los mandos y los tribunales militares, formados casi siempre por hombres. Lo que no sorprende tanto como el hecho de que también lo sea el responsable del antiguo Observatorio de la Mujer.
Sin seguro médico tras cáncer de mama
Silvia Ruiz Gómez perdió su empleo en el Ejército de Tierra el pasado 2 de julio. El mismo día se quedó sin trabajo y sin asistencia sanitaria. Lo segundo no era menos importante que lo primero, pues Silvia está aun bajo tratamiento de un cáncer de pecho que se le diagnosticó en marzo de 2012. A esta soldado de 33 años, natural de Valdepeñas (Ciudad Real), se le denegó la tercera renovación de su compromiso, que suponía pasar de un contrato temporal a otro de larga duración, hasta cumplir los 45 años. Uno de los motivos aducidos para no renovarle el contrato fueron sus 84 días de baja médica, “aun cuando [las causas] puedan encontrarse debidamente justificadas”. Tres días después de quedarse en paro tenía la primera revisión, tras someterse a dos intervenciones quirúrgicas y a un tratamiento de quimio y radioterapia. Este verano debía volver al quirófano para una reconstrucción de mama. Pero los militares cubren su asistencia médica a través de un seguro privado, que paga Defensa y, al quedarse sin empleo, perdió la cobertura sanitaria. Silvia intentó costear el seguro ella misma, pero la compañía lo rechazó por sus antecedentes oncológicos. “He recurrido a la Seguridad Social, a la que tengo derecho, pero esto me ha supuesto cambiar de médico y retrasar la operación un año”, se lamenta.
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