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La Audiencia ‘invita’ a los aforados a declarar por el ‘caso ERE’ ante Alaya

El tribunal dice que la juez debe “apurar y depurar” la causa antes de enviarla al Supremo

La juez de Sevilla Mercedes Alaya.

La Audiencia de Sevilla ha sugerido a los políticos aforados y señalados en el caso de los ERE que declaren ante la juez instructora Mercedes Alaya si consideran “que pueden quedar involucrados” en la investigación. El recordatorio figura en un auto dictado esta semana y es relevante porque Alaya no es juez competente para imputar a diputados a Cortes y del Parlamento andaluz, y está obligada a elevar una exposición razonada de indicios penales ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, la Audiencia abre una puerta para que antes del envío de parte de la causa al alto tribunal se aclaren ciertos extremos que atañen a estos políticos, señalados por testigos e imputados durante la instrucción y los interrogatorios, entre ellos el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

“Nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar (...) el juez puede recibir declaración al aforado si voluntariamente se presta a ello”, recuerda la Audiencia. El primer político aforado señalado fue el diputado socialista a Cortes y exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Hace un año y medio la Guardia Civil subrayó en un informe la responsabilidad y el “papel esencial” que desempeñó Viera para que la Sierra Norte sevillana acaparara 30 de los 73 millones que la Junta concedió de manera directa para empresas de toda Andalucía entre 2001 y 2010.

Más tarde, en julio de 2012, la número dos de la Intervención General de la Junta, Teresa Arrieta, declaró como testigo que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, conoció de primera mano el procedimiento con el que el Gobierno financió los ERE y que la juez considera ilegal. Este conocimiento de manera verbal de Aguayo se suma a los 15 informes que la Intervención emitió para alertar de la opacidad del fondo, y que cayeron en saco roto.

Mientras, en la declaración como imputado del abogado Carlos Leal, la juez le preguntó de manera insistente por el papel desempeñado en los ERE por el secretario federal de Política Municipal del PSOE y exconsejero de la Presidencia andaluz Gaspar Zarrías. Y Leal relató una comida de Zarrías con el empresario José María Ruiz-Mateos y el intermediario encarcelado Juan Lanzas. Eso sí, antes la Guardia Civil había aclarado que la relación entre Lanzas y el diputado socialista es “de difícil definición”.

Finalmente, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez acusó a Griñán [exconsejero de Hacienda entre 2004 y 2009] de ignorar las alertas incluidas en los informes sobre el fondo de los ERE. “A Griñán los informes de auditoría no le importaban nada”, declaró el alto funcionario en su reciente comparecencia como imputado ante Alaya.

Sin embargo, la opción que plantea la Audiencia parece improbable dados los pronunciamientos del PSOE andaluz. Su número dos, Mario Jiménez, opinó que la elevación al Supremo del caso es “la única vía para que haya justicia”, ya que la instrucción es “un juicio político que no busca conocer la verdad”.

La Audiencia aclara que Alaya “debe apurar y depurar la instrucción practicando cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación”, salvo que desde un principio sea escindible la imputación de un aforado. Es decir, los jueces matizan que antes de enviar la exposición razonada, la instructora debe determinar el grado de participación de los aforados, “individualizando la conducta concreta” de cada uno. Estas recomendaciones de la Audiencia, basadas en la jurisprudencia del Supremo, desbaratan los rumores sobre un inminente envío del caso al alto tribunal. Es probable que, si Alaya sigue dichas recomendaciones, no concrete los indicios (si los hay) contra los aforados hasta que haya tomado declaración a los 20 altos cargos de la Junta imputados recientemente. De momento, solo Gómez ha comparecido ante la instructora de los ERE.

Durísima reprimenda a un abogado

J. M.-A., Sevilla

El auto de la Audiencia de Sevilla en el que se pronuncia sobre los políticos aforados es la respuesta a la petición de la defensa del consultor en los ERE José González Mata para rebajarle su fianza a 450.000 euros. Y la réplica de los jueces al letrado no podía haber sido más dura. Tanto que la Audiencia ha enviado su recurso a la Fiscalía de Sevilla para que estudie si el abogado ha incurrido en delito por sus críticas a la juez Alaya.

El auto se refiere a las críticas de Cosano, que achaca a Alaya haber deseado "la muerte civil" de su defendido y tomar decisiones innecesarias e injustas. Cosano censuró a la juez por haber retrasado el envío de la causa al Tribunal Supremo: "Se demoran decisiones evidentes que conllevarían la pérdida de la competencia y la jurisdicción. Y no sabemos por qué oscuras razones, pues no será porque se tema que el Supremo no vaya a mantener igual dedicación u observar igual perspicacia que la actual instructora".

A continuación, el letrado acusa a Alaya de "propiciar o permitir" continuas filtraciones a la prensa durante el secreto de las actuaciones. La Audiencia responde que ninguna filtración provino del juzgado. Cosano prosigue: "Se conceptúa a la Guardia Civil como auténtico oráculo. Lo que se escribe es verdad, va al cielo y no se le aplica la humana capacidad de crítica".

En otro pasaje del recurso, Cosano acusa a Alaya de "poner en tela de juicio el papel constitucional" de los sindicatos, a los que había acusado de financiarse de manera irregular con comisiones por 7,6 millones. Los jueces acusan al letrado de confundir la libertad provisional con la condicional y reprochan a su defendido González Mata que recibiera comisiones por 21 millones, 13 de los cuales superaron la comisión media del mercado.

La decisión de la Audiencia, inédita en el caso, supone un respaldo a la investigación de Alaya, pero sobre todo un aviso a navegantes ante las críticas a la magistrada, frecuentes tanto por parte de la Junta como por otros letrados. Recientemente José María Mohedano, letrado del viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, acusó a Alaya de "corruptela procesal" por su manera de instruir la causa.