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El PSOE e IU alertan de que el conflicto con Gibraltar daña a 7.000 españoles

La izquierda aconseja a Margallo "menos bravuconadas y más diálogo"

Anabel Díez

El PSOE asegura que “el PP no le va a ganar en firmeza en la defensa de la soberanía de España sobre Gibraltar”. Pero no se trata ahora de eso, sino de abrir una vía de díálogo de manera inmediata por bien de los intereses españoles, según el responsable federal de Política Europea, Juan Moscoso. Este reinvindica el foro tripartito de diálogo que el anterior Gobierno socialista puso en marcha y que fue eliminado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

“En ese foro no se trataba de colocar a Gibraltar como interlocutor en asuntos de soberanía, sino de tener un cauce de diálogo, que ahora no existe, para resolver problemas cotidianos”, explica Moscoso, consciente de la polémica que creó en su momento la creación de ese foro a tres bandas. Por tanto, el PSOE, pide “el establecimiento inmediato de un cauce para hablar y discutir; menos teatro, menos bravuconadas y más diálogo”.

No pone paños calientes a la actuación del Reino Unido pero hay que medir la respuesta. Además de las dificultades de los pescadores españoles, los socialistas invocan a los “más de siete mil españoles que se ganan la vida en Gibraltar y que están siendo los rehenes de este conflicto”. El PSOE lanza una pregunta retórica: “¿A quiénes perjudican más las medidas de castigo del Gobierno español: a los gibraltareños o a los españoles de la zona? A los españoles”, se responde.

Eso no quiere decir que España deba cruzarse de brazos ante “las medidas unilaterales” de Gibraltar, sino delimitar los campos del contencioso. El conflicto sobre la pesca, con las dificultades extremas que Gibraltar ha puesto arrojando bloques de hormigón en la zona de faena, debe resolverse con urgencia en la Unión Europea, “pero no en septiembre”, que es cuando está prevista la primera reunión. Los intereses de los españoles es el aspecto que más realza IU al pedir la comparecencia en el Congreso del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo. “La defensa de los intereses y derechos de España debe realizarse sin causar mayores perjuicios a los trabajadores del Campo de Gibraltar”. Ahora y siempre, para IU, las “medidas represivas” acaban perjudicando a España y enfrentando “a la población nativa del Peñón con su entorno natural”, señala el dirigente de IU José Luis Centella.

El Gobierno español quiere abrir una investigación sobre los gibraltareños que viven en España pero tributan en Gibraltar: “¿Es algo nuevo? ¿Por qué no se ha hecho antes si es que hay fraude”? España ya ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente el vertido 'incontrolado' de 70 bloques de hormigón en aguas españolas próximas a Gibraltar.

Así, Centella ha pedido al Ejecutivo que 'lleve sus reclamaciones a los tribunales internacionales y al marco Europeo con el objetivo de frenar de una vez por todas estos conflictos'.

A su juicio, el Gobierno debe evitar tomar medidas que 'no sólo está demostrado que son ineficaces para resolver conflictos, sino que perjudican a la población trabajadora y sirven para dar argumentos a quienes desde el Reino Unido presentan a España como un Estado agresor'.

El portavoz parlamentario de IU también ha dicho que los populares deben adoptar medidas contra los paraísos fiscales de manera general, "con sus posibles repercusiones en Gibraltar".

Ha recordado que hay en el Peñón más de 60.000 sociedades mercantiles, el doble de sus 30.000 habitantes, "muchas de las cuales actúan en la Costa del Sol como instrumento para ocultar actuaciones ilegales de blanqueo de capital y evasión fiscal".

Centella ha reclamado al Ejecutivo que no utilice '"fórmulas franquistas" para desviar la atención de los problemas internos de España recuperando el grito de "Gibraltar Español".

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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