El Gobierno duplica las multas por alcohol y veta los detectores de radares

La multa por conducir después de haber tomado una cantidad de alcohol superior a la permitida, o bien algún tipo de drogas, pasará de 500 a 1.000 euros. Con la filosofía de la “tolerancia cero” para la conducción bajo los efectos de los estupefacientes, el Gobierno presentó ayer tras el Consejo de Ministros un borrador del anteproyecto de la reforma de Ley de Tráfico y Seguridad Vial cuyo primer bloque entrará en vigor a principios del año próximo.

En esta primera tanda de medidas de seguridad vial aparece también la prohibición explícita de que los conductores usen detectores de radares, que están sancionados con multas de hasta 6.000 euros desde 2010, y la obligación para los ciclistas menores de edad de llevar casco en cualquier tipo de vía —hasta ahora solo es obligatorio en las interurbanas—, independientemente de la edad.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, alegó que la influencia del alcohol y las drogas en las carreteras es uno de los principales problemas para la seguridad vial. Se trata de la tercera causa de accidentes mortales en España, por detrás de las distracciones y el exceso de velocidad. Casi uno de cada dos conductores muertos en las carreteras en 2011 —los últimos datos de los que dispone la Dirección General de Tráfico— habían consumido alguna sustancia psicoactiva antes de ponerse al volante, y uno de cada cinco automovilistas afirman que se ponen al volante después de ingerir este tipo de productos.

Los controles de alcoholemia se harán, a partir de la entrada en vigor de la ley, que está aún pendiente de trámite parlamentario, con una muestra de saliva, en lugar del aire espirado, como ocurre hasta ahora. La prueba de contraste seguirá siendo la sanguínea. El borrador no indica, sin embargo, si se modificarán los máximos permitidos (0,25 miligramos por litro en aire espirado y 0,5 gramos por litro de sangre).

La multa de 1.000 euros se aplicará también a los conductores y otros usuarios que estén implicados en algún accidente o hayan cometido una infracción y que se nieguen a someterse a la prueba de alcoholemia.

Después del intenso debate sobre la necesidad de obligar a los ciclistas a llevar casco en vías urbanas, la nueva normativa se limitará a imponerlo a los menores de edad “en cualquier tipo de vía urbana, interurbana o travesía”. El Gobierno aplaza su decisión sobre los adultos hasta la reforma del Reglamento General de Circulación, que empezará durante la primavera del año que viene y que no está sujeta a votaciones en el Congreso. El titular de Interior ha apuntado que, consciente de la controversia que genera esta medida, el Ejecutivo buscará acuerdos en esta materia en una subcomisión de Tráfico y Seguridad Vial del Congreso, a través de la que los grupos podrán introducir enmiendas (siempre que haya un acuerdo “con suficiente consenso”) hasta la culminación parlamentaria.

El Gobierno mantiene también su determinación por aumentar el límite de velocidad hasta los 130 kilómetros por hora en la mayoría de autopistas y autovías, como anunció Díaz en junio. La intención del Ejecutivo es dejar también este aspecto fuera de la ley y desarrollarlo en el reglamento posterior. Los casos “excepcionales” en los que esté permitido circular a esa velocidad serán señalizados en las pantallas electrónicas de las carreteras porque dependerá de las condiciones de la vía y la situación climática. En la práctica, el nuevo límite será efectivo en el 80% de autopistas y autovías y en la mayor parte del año (salvo situaciones de nevadas, heladas o lluvias intensas, según Interior).

Esta modificación no estará contemplada en la ley, sino que se incluirá en un reglamento posterior que incluirá también la reducción de la velocidad mínima en otros tipos de vías y que está previsto que entre en vigor a principios del próximo verano. El Gobierno deja la puerta abierta, sin embargo, a introducir en la ley nuevas sanciones por infringir los límites de velocidad.

“Es un contrasentido permitir el uso de mecanismos que tienen como principal finalidad eludir los controles de velocidad”, critica el Gobierno para argumentar la prohibición de los detectores de radares. Hay aparatos inhibidores, además, que hacen que los radares ni siquiera detecten a los coches que los llevan instalados.