La multa por conducir bebido pasa de 500 a 1.000 euros

El Consejo de Ministros ha aumentado hoy la cuantía de la multa por conducir bebido, que pasa de 500 a 1.000 euros. Las nuevas sanciones se incluyen en la ley de Tráfico y Seguridad Vial que el Gobierno ha abordado en su reunión. La normativa no afecta a las tasas máximas de alcohol permitidas ni tampoco a los puntos que se quitan del carné de conducir en caso de dar positivo en la prueba de alcoholemia.

La tasa máxima permitida seguirá siendo de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Este nivel desciende a los 0,15 miligramos para los conductores noveles y para los de transporte de mercancías o de vehículos especiales. Si se superan los 0,60 miligramos, el Código Penal prevé una pena de prisión de tres a seis meses o una multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, y la retirada del carné de conducir de uno hasta cuatro años.

A los conductores en los que la tasa de alcohol por litro de aire espirado supera los 0,50 miligramos por litro y a los noveles o profesionales en los que esta tasa supera los 0,30 miligramos, se restan del carné de conducir seis puntos. Cuando esta cantidad se sitúa entre 0,25 y 0,50 miligramos en conductores en general o entre 0,15 y 0,30 miligramos en noveles y profesionales, se quitan cuatro puntos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha denunciado a 2.730 conductores por exceder las tasas máximas de alcohol permitidas, durante la campaña de seguridad vial en la que llevó a cabo 241.505 controles, del 9 al 15 de julio pasados. En 201 de estos casos, se han abierto diligencias y se han remitido a la autoridad judicial al tratarse de tasas que excedían los 0,60 miligramos por litro de aire espirado.

Por la misma reforma de la Ley de Tráfico, el Gobierno establece hoy la obligatoriedad del uso del casco para los menores que circulen en bicicleta, no solo en vías interurbanas, sino también en la ciudad. A la propuesta de Tráfico de incluir en el nuevo Reglamento General de Circulación la obligación para todos los ciclistas de utilizar el casco por las calles urbanas, se han opuesto varias asociaciones de usuarios, como la Coordinadora Catalana de Usuarios de la Bicicleta (CCUB) que, el pasado mes de mayo, ha pedido la destitución de la directora general de la DGT, María Seguí. Se trata de “una norma que aumenta la posibilidad de ser atropellados”, sostiene la asociación, ya que disminuye la capacidad auditiva del ciclista.