Cataluña y Andalucía inician la ola de recusaciones contra Pérez de los Cobos

La afiliación al PP del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha provocado las primeras iniciativas en las comunidades que han tenido o tienen cuestiones pendientes en el alto tribunal. Cataluña ha sido la primera autonomía en reaccionar tras la publicación en EL PAÍS, el pasado día 17, de que Cobos omitió que había pagado cuotas de afiliado al partido de Mariano Rajoy hasta 2011, cuando ya era magistrado del Constitucional.

La Generalitat ha anunciado este martes que ha iniciado el proceso para la recusación. También Andalucía ha movido ficha. La Junta ha decidido poner la lupa sobre las decisiones del Constitucional, pero estudiará caso a caso si las resoluciones pueden estar contaminadas por la militancia de Cobos, que él mismo ha reconocido el pasado día 19. Por su parte, el Gobierno vasco no ha abordado el asunto. “De momento no se ha hablado del tema, pero no quiere decir que más adelante no vayamos a pedir un estudio jurídico”, ha afirmado Josu Erkoreka, portavoz del Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha anunciado que ha pedido un dictamen al gabinete jurídico del Gobierno catalán para estudiar si hay base para solicitar la recusación en todos aquellos asuntos que hayan sido planteados por el PP. Homs considera que "es chocante" que un recurso interpuesto por el PP deba ser dirimido por parte de un militante de este mismo partido, informa Miquel Noguer.

El ejemplo más claro que tiene la Generalitat encima de la mesa en estos momentos es la Ley de Educación de Cataluña, que fue recurrida por el PP ante el Constitucional y que se encuentra pendiente de sentencia. Si el dictamen de los servicios jurídicos de la Generalitat reafirma las tesis del Gobierno catalán, la Generalitat planteará la recusación de Pérez de los Cobos "en todos aquellos casos donde se ponga de manifiesto la contradicción de intereses". El portavoz de la Generalitat ha dejado clara su intención de recusar al magistrado, pero ha insistido en que no se dará tal paso mientras los servicios jurídicos no se hayan pronunciado.

Asimismo, la Mesa del Parlament ha acordado por mayoría encargar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para que analice la recusación de Pérez de los Cobos, argumentado que los miembros del Constitucional deberían tener imparcialidad a la hora de resolver recursos como la declaración de soberanía aprobada en la cámara catalana el pasado 23 de enero y que impugnó el Gobierno del PP.

Y mientras, el Gobierno andaluz va a revisar uno por uno la docena de litigios que mantiene abiertos con el Ejecutivo central en el Tribunal Constitucional. La intención política de la Junta es plantear la recusación de Pérez de los Cobos, pero no quiere precipitarse presentando una censura en bloque y serán los servicios jurídicos los que decidan qué hacer en cada caso, informa Reyes Rincón.

“Desde el punto de vista político este Gobierno ya ha manifestado serias dudas sobre la toma de decisiones por parte del presidente del Constitucional tras conocerse que ha sido militante del PP”, ha afirmado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Tras hacerse público el dato de que Cobos era afiliado del PP se preveía una oleada de peticiones de nulidad de resoluciones en las que ha participado. Por ejemplo, las defensas del exmagistrado Baltasar Garzón y del secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ya han anunciado que reclamarán la anulación de las decisiones del alto tribunal sobre sus causas.