Un contrato de basuras bajo sospecha

Un suculento contrato de basuras para limpiar la ciudad de Toledo, de 84.000 habitantes, durante una década a cambio de 61 millones de euros ha puesto bajo sospecha la financiación del PP en Castilla-La Mancha durante la presidencia de María Dolores de Cospedal (PP). Luis Bárcenas, extesorero de este partido, aseguró al juez Pablo Ruz que recibió de Sacyr —la empresa adjudicataria— una comisión ilegal de 200.000 euros y que entregó ese dinero a José Ángel Cañas, gerente del partido en esa comunidad. Este último firmó un recibí por esa cantidad que Bárcenas entregó durante su última comparecencia en la Audiencia Nacional. El PP lo niega.

¿Cómo salió a concurso el contrato de basuras? ¿Se cumplieron los procedimientos administrativos o hubo amaño para que Sacyr se llevara la millonaria contrata? En 2006 el Ayuntamiento de Toledo estaba gobernado por el PP y su alcalde era José Manuel Molina, hoy retirado de la política, una persona que ahora responde con SMS y el signo de interrogación a las llamadas y mensajes de EL PAÍS a su teléfono móvil solicitando una opinión sobre el contrato.

El concurso para el Servicio de Limpieza Viaria y Basuras de Toledo salió con un monto de licitación de 6,5 millones anuales. Concurrieron ocho empresas, entre las que figuraba Urbaser, la compañía que había gestionado hasta entonces este servicio. El procedimiento administrativo fue igual que en otros contratos, salvo que en esta ocasión los concejales del PP decidieron que una consultora externa valorara las ofertas. La empresa elegida para esta función fue Consultora de Gestión de Empresas SL, una pequeña compañía de Toledo. José Montero, su responsable, explica así su trabajo: “Hicimos un análisis comparativo de las ofertas a la luz de los pliegos, las ordenamos y valoramos. Sobre la base de ese informe fueron los técnicos municipales los que puntuaron”.

Era la primera vez que el análisis no lo hacían los técnicos municipales

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento se reunió el 19 de diciembre de 2006, presidida por el entonces vicealcalde del PP, Lamberto García. También asistieron el jefe de Servicios y Contratación Julio Gómez, el concejal de Participación Ciudadana Fernando Sanz, el concejal de Obras y Servicios Javier Alonso, y el viceinterventor Javier Sánchez. La oferta ganadora con 92,97 puntos sobre 100 fue la de Sufi, filial de Sacyr, que hizo la propuesta económica más baja (6.138.383 euros), aunque en la valoración este concepto contaba solo 20 puntos, lo mismo que el de mejoras técnicas y seguridad e higiene. El que más sumaba era el de metodología del trabajo y medios (50 puntos).

El viceinterventor puso una pega a la adjudicación a Sufi. Recomendó reforzar la propuesta con un estudio de viabilidad económica de la empresa ganadora, según el acta de la reunión. Al día siguiente la consultora presentó un análisis que validaba la solvencia de la filial de Sacyr. En sus conclusiones decía: “En nuestra opinión existe correlación entre los gastos directos ofertados y los precios unitarios descompuestos ofertados en la proposición económica”. El informe lo firmó Montero.

El 21 de diciembre la Junta de Gobierno municipal aprobó la adjudicación del concurso a Sufi por 6,1 millones durante 10 años prorrogables a otros cuatro. El alcalde José Manuel Molina no asistió a la reunión. “Faltaba mucho”, asegura Gabriel González, entonces concejal socialista en la oposición. Se firmó el 15 de enero de 2007 y comenzó a operar el 1 de marzo.

La empresa ganadora recibió poco después otro contrato millonario

¿No notaron nada extraño? “Honestamente no vimos nada raro. Lo único que nos llamó la atención es que se cediera la valoración a una consultora externa. Era la primera vez que se hacía para contratar un servicio público. Estábamos en precampaña electoral, la limpieza era un desastre y queríamos ser constructivos”, recuerda González, ahora concejal de Gestión y Servicios. ¿Revisaron el expediente? “Sí, Salvo la singularidad de la consultora, el procedimiento era correcto”. Poco después Sufi recibió otro contrato: 350.000 euros anuales por el mantenimiento de viales que hasta entonces hacía la plantilla municipal. “Creemos que es una compensación del anterior”, apostilla González.

Ni Molina, el exalcalde, ni los concejales del PP de entonces siguen en el Ayuntamiento. Cospedal admite que los 200.000 euros se entregaron a la organización regional, pero niega que fuera una comisión. El apunte no figura en las cuentas del partido, ni en la contabilidad electoral. Nadie explica por qué.